La opacidad de las candidaturas al Congreso

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En la última semana ha surgido una inquietud relacionada con el origen y la calidad de las y los candidatos que están postulando los partidos políticos para incorporarse al Congreso, a la importante tarea de desarrollar o modificar las leyes que rigen la vida de nuestra sociedad.

Esta inquietud deriva de un desplegado de prensa que acusa a Carmen Aristegui de defender los intereses del Sr. Slim y que fue firmado por el Sr. Alejandro Puente Córdoba. Parte importante de la noticia es que Puente es Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC) y fundador y presidente del Consejo de Administración de EfectoTV empresa de la cual posee el 75% de acciones y tiene vínculos claros con TELEVISA.

Pero además no satisfecho con todas estas actividades el Señor Puente aparece como candidato propietario a una senaduría de representación proporcional por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC) en una posición en donde es casi seguro que sin mayor esfuerzo, llegue al Senado. Un dato más es que su suplente es un viejo militante activo del PMC, Alejandro Chanona Burguete.


Las noticias dicen que el Sr. Puente desplazó a Porfirio Muñoz Ledo de la posibilidad de tener esa posición y entrar al Senado. Tanto Chanona como Muñoz Ledo son dos hombres que tienen sentido de Estado y que han contribuido en legislaturas anteriores con aportaciones valiosas.

Este caso aporta a la evidencia de que los partidos políticos están siendo utilizados por las élites empresariales para colocar a sus empleados y directivos en posiciones dentro del Congreso derivada una relación absolutamente mercantil con las cúpulas de los partidos donde algo ofrecen a éstas.

De quince casos hasta ahora detectados por el Comité Conciudadano para la Observación Electoral y otras organizaciones, de candidatos a senadurías y diputaciones provenientes de los consorcios televisivos, 9 son postulados por el PVEM, 4 por el PRI y uno por la coalición PVEM-PRI y uno por el PMC. Es decir, dos terceras parte de estas postulaciones las hace el Partido Verde, lo que hace también que la mayoría sean postulados pro la coalición Compromiso por México. Esto podría ser pruebe del fuerte vínculo entre las televisoras y esa coalición.

También se ratifica la percepción crecientemente generalizada de que el Partido Verde se dedica a vender franquicias y que para muchos es una vergüenza que su negocio sea mantenido con los recursos públicos que todos aportamos para el sostenimiento de los partidos políticos.

Promovido hace varios años por Manuel Camacho y Carlos Salinas de Gortari como un partido de origen familiar, y habiendo sido expulsado por las organizaciones internacionales de partidos ecologistas, el Partido Verde representa un enorme boquete en el sistema político mexicano. Su permanencia proviene de un electorado desinformado y engañado mediante la publicidad mentirosa y de los candados que sus propios legisladores han ayudado a construir en el COFIPE para fortalecer y proteger a la partidocracia existente.

El “affaire” se inserta y corrobora la opacidad con la que los partidos eligen a sus candidatos al congreso y su vulneración del derecho a la información de los ciudadanos para realizar un voto informado. En la mayoría de los partidos son sólo sus cúpulas las que eligen a los candidatos, vulnerando incluso los derechos de sus militantes y negociando candidaturas en posiciones privilegiadas para los empleados y directivos de los poderes económicos reales. No es sólo la telebancada, sino también legisladores para las empresas de alimentos industrializados, farmacéuticas, del tabaco, de las telecomunicaciones, etc

Desde las elecciones del 2006 el Comité Conciudadano y las organizaciones que lo integran desarrollaron un proyecto llamado Congreso con Rostro en el cual mediante la solicitud de información al IFE y a los partidos políticos, se pretendía construir una base de datos curriculares de las y los candidatos para algunos distritos electorales con el fin que los votantes de esos distritos pudieran emitir un voto informado. En 2009 se repitió el proyecto para 8 estados y 80 distritos y un total de 600 candidatos de mayoría relativa.

Al incluir el proceso electoral actual el Conciudadano ha solicitado información de contacto y curricular de las y los candidatos a los partidos y con excepción de alguna información parcial del PAN, del PMC y del PRD, los demás partidos responden que no cuentan con esa información. El PVEM dice que no está obligado a darla. En otros países como Brasil, Ecuador y Perú esa información es accesible para todos.

En esta ocasión hay poco más de tres mil candidatos registrados por los partidos para competir por posiciones de senadores y diputados. ¿Sabemos quiénes son? ¿Sabemos a quién y que representan? ¿Realmente son nuestros representantes? ¿Tenemos como sus electores medios para que nos rindan cuentas?

Ellos son los que definen las reglas de nuestra convivencia plasmadas en leyes. ¿Son leyes que ponen el interés colectivo y el bienestar de las personas por sobre los intereses privados que parecen representar cada vez más?

Ante situaciones como la descrita es nuestra obligación informarnos quiénes son los candidatos que nos proponen los partidos y elegir y votar de manera informada.

Acerca de Clara Jusidman

Estudio economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e inició su trabajo profesional como investigadora del Banco de México, de El Colegio de México (Colmex) y de la Dirección General de Estadística.Trabajó por 20 años en el Gobierno Federal como Directora General del Empleo, del Instituto Nacional del Consumidor, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral y concluyó como Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Pesquero.Dejó el Gobierno Federal en 1991 y se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia. Fue presidenta de ACUDE (Acuerdo Nacional para la Democracia), participó en la creación y fue parte de la primera coordinación de Alianza Cívica, socia fundadora de GIMTRAP y de Causa Ciudadana APN y actualmente es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social AC.Fue miembro del Comité Técnico para la Auditoria del Padrón Electoral en 1994 y directora del Registro Federal Electoral en 1997. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing de1995.Participó como Secretaria de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático del Distrito Federal de 1997 al 2000.En 2003 fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en la materia, encargándose de varios apartados del Capítulo de DESC y del relativo a derechos humanos de las mujeres. En 2008 colaboró en el diagnóstico de derechos humanos de Guerrero con el capítulo sobre DESC.En 2004 y 2005 coordinó la elaboración de un análisis sobre la Realidad Social en Ciudad Juárez, y de 2006 a 2009 promovió y participó en los Comités Conciudadanos para la Observación y la Reforma Electoral. Participa como docente y conferencista en varios diplomados en los temas de Desarrollo y Política Social, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Políticas hacia las Familias, Desigualdad Social, Sector Informal y mercados de trabajo y Desarrollo de la Sociedad Civil.Es miembro del Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Demografía, del Consejo del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana; y ahora miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

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