El viernes pasado, 7 de octubre, dio inicio el proceso electoral federal 2011-2012. En la sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral de ese día varios de los representantes celebraron la apertura de la llamada “fiesta de la democracia”.
Esa denominación sin embargo, sonaba hueca. Los augurios señalan que ni será una fiesta, ni tampoco en México podemos celebrar la existencia de una verdadera democracia.
La mencionada fiesta, después de la amarga experiencia del 2006 y con base en los primeros intercambios entre los representantes de los partidos políticos ante el Consejo, seguramente se convertirá en una guerra de denostaciones y descalificaciones. La confrontación se profundizará y las fracturas de la sociedad mexicana continuarán avanzando. La contienda electoral seguramente contribuirá a socavar aún más la poca credibilidad que la población tiene en los partidos políticos.
Nuestra democracia se encuentra muy lastimada después de lo ocurrido en 2006 cuando observamos importantes retrocesos en la confianza de los ciudadanos en los procesos e instituciones electorales. Las actuaciones de un Consejo General del IFE cuestionando desde la forma como fue elegido en el 2003; campañas políticas negras, que buscaron descalificar candidatos y generar miedo; una desaseada intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal en el recuento parcial de votos, y un resultado demasiado cerrado en la elección presidencial y cuestionado por la mitad de los votantes, dejaron en el imaginario colectivo la sensación de que esa elección había realmente sido un golpe para nuestra precaria democracia y ahondado la brecha entre los mexicanos.
En este nuevo proceso electoral el IFE se encuentra solo y acosado. Los partidos se han apoderado de él, controlando y acotando la escasa participación de ciudadanos independientes en su estructura. Los partidos utilizan al Instituto para procesar sus pleitos, mediante los procedimientos especiales sancionadores, pero también para hacer sus arreglos e intercambios tras bambalinas. Mantienen al Instituto disminuido en su conformación, al no haberse puesto de acuerdo, después de un año, para nombrar a los tres consejeros faltantes y además, lo dejan totalmente sólo frente al embate que por la reforma electoral que promovieron, sufre por parte de las poderosas empresas de los medios de comunicación.
Estás convierten en escándalo mediático cualquiera actuación del Consejo del Instituto que afecte en lo más mínimo sus intereses, como fue la reglamentación del derecho de réplica. Mienten sistemáticamente sobre la actuación del Consejo, le arrojan toda la carga de su poder, amenazan y acosan a los consejeros, limitan la difusión de las respuestas que el IFE les dan a sus falsas acusaciones como fue el tema de la prohibición de los debates entre candidatos y lo más preocupante, socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales. Como con tantos otros asuntos de importancia para una vida democrática, van sembrando duda y desconfianza.
La democracia en México se nos quedó congelada por el poder que representa el duopolio de los medios de comunicación: Televisa y TV Azteca. Ellas son quienes realmente limitan la libertad de expresión; impiden escuchar voces diferentes, controlan el acceso a la información y ahora cuentan con legisladores que defienden sus intereses y han decidido ponernos un Presidente de la República. La teledemocracia.
Por primera vez en la historia de nuestro país, las empresas televisoras se han logrado colocar por encima de la clase política. Esta se encuentra a su servicio o les profesa un gran temor, por lo que le permite avanzar en una mayor concentración de los medios, como fue la reciente decisión de la COFETEL sobre la multiprogramación, que multiplica los canales bajo su control.
Si no tomamos conciencia de su creciente poder, serán las que gobiernen a este país en los próximos años y continuarán acaparando poder y riqueza, frente a millones de personas y familias sumidas en la más indignante pobreza.
Por ahora, su objetivo es acabar con el IFE y echar para atrás la reforma electoral del 2007 que prohíbe a los partidos, candidatos y a terceros la compra de tiempos en los medios para las campañas y precampañas políticas. Esta decisión quitó a las televisoras el acceso a un importante volumen de recursos públicos que anteriormente se canalizaban a los medios y que estaban haciendo de México, el país con los procesos electorales más caros del mundo.
Nos corresponde a los ciudadanos defender y rescatar al IFE de su captura por los partidos políticos y de la guerra que le han declarado TELEVISA y TVAzteca. No podemos dejar solos a aquellos consejeros y funcionarios del Instituto que defienden nuestros derechos políticos. El IFE está en riesgo de ser destruido como han sido destruidas muchas instituciones que contribuían a garantizar el acceso al bienestar de importantes grupos de la población mexicana.
Urge la designación de tres consejeros ciudadanos que sean imparciales e independientes y coloquen el interés colectivo por encima de sus intereses personales. La Cámara de Diputados tiene una asignatura pendiente con la sociedad mexicana que cuestiona profundamente su eficacia como espacio de representación de los ciudadanos.
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