Una de mis frases favoritas en política la acuñaron los cabilderos norteamericanos: “no es malo tener intereses, sino el no declararlos”. Las democracias modernas se basan en la pluralidad de gustos, capacidades y causas, las cuales pueden coincidir o contraponerse unas con otras. Pretender que existe un ideario, agrupación o proyecto “ciudadano” es un equívoco que puede llevar a la exclusión de otros y al autoritarismo.
En este sentido, el principal reto de la democracia es reconciliar las demandas de agrupaciones que persiguen su propio beneficio con los intereses más amplios de la sociedad. Para ello, es de vital importancia que haya claridad en las relaciones entre el sector público y los grupos de presión, de tal forma que se brinden estándares mínimos de transparencia que generen certidumbre para todos los actores; especialmente al promover sus propias causas.
A finales del mes de mayo, las agrupaciones Comité Ciudadano para la Observación Electoral (CCOE) y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) presentaron un informe donde, entre otros temas, reportaron la existencia de 18 candidaturas que tienen vínculos directos con medios electrónicos, encontrándose 12 de éstas en lugares seguros de las listas de representación proporcional del PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano.
Aunque desafortunadamente en las páginas de estas agrupaciones (www.comiteconciudadano.org y www.amedi.org.mx ) no se dispone de una versión electrónica del informe, me gustaría hablar sobre si la existencia de la “Telebancada” es realmente algo malo para la democracia o si, al denunciar su existencia, algunos analistas están generando una serie de malentendidos y sesgos maniqueos sobre lo que significa la representación política.
En primer lugar cabe hablar de algunos temas. El primero, y tal y como se dejó ver al principio de esta editorial: no existe un “interés” aplicable a todos los ciudadanos. Si así fuese, no habría necesidad de la política. Todos los ciudadanos somos diferentes en cuanto a intereses y capacidades, y tenemos el mismo derecho (e incluso la obligación) a enterarnos de los asuntos públicos e intervenir en las decisiones que impactan en nuestra vida. No hacerlo implica que otros aprueben cosas que nos puedan afectar.
De esta forma los legisladores no representan a la “Nación” como un referente absoluto al cual todos deban inscribirse. Un diputado o senador está sujeto en primer lugar al programa de su partido, el cual tiene una orientación ideológica determinada que busca ganar el apoyo de ciudadanos con la expectativa de incidir de manera eficaz en la agenda pública. Al hacerlo, tanto los individuos como los institutos políticos tejen alianzas con diversos grupos de interés que les permitan ganar más apoyo y con ello espacios en los órganos representativos.
Tales alianzas pueden manifestarse a través de acuerdos tácitos que serán refrendados o no según la capacidad de los partidos por cumplir sus promesas, o por la vía de enviar miembros de estos grupos directamente al Congreso. Esto no se contrapone con un ideal democrático, siempre y cuando sea transparente. Más bien es facultad de los votantes sancionar o no esas tácticas al elegir o no al partido que las postula.
¿Qué pasa cuando estos grupos tienen asientos en los órganos representativos? Los partidos los colocan en las comisiones correspondientes, donde se espera que se negocien las iniciativas que les conciernen. Esto implica naturalmente que todos los intereses involucrados tengan la capacidad para reconocer la importancia de conocer las instituciones políticas; y lamentablemente no se puede hacer una ley para obligarlos a ello: es problema de competitividad de cada agrupación.
Claro está, el primer impulso de los partidos es no declarar tales vínculos, a menos que les cueste mantenerlos en la opacidad. Por lo tanto, las leyes de cabildeo (cuyo objetivo es precisamente transparentar estas relaciones por parte tanto de legisladores como grupos de interés) surgen gracias a escándalos de corrupción y se perfeccionan también por la misma vía.[1]
Volvamos al tema de la “Telebancada”. Todos los partidos buscan incluir a grupos afines, e incluso les dan asientos en el Congreso. El PRI lleva décadas asignando espacios por cuota a los sectores obrero y campesino. López Obrador prometió al SME asientos en las cámaras. El PAN ha postulado a dirigentes de organismos empresariales, tanto federales como locales. Hablar de que unos merecen tener representación y otros no es hablar de que existen “buenos” o “malos”, y eso no contraviene los valores de la democracia.
¿Votaría la “Telebancada” en contra de la democratización de los medios? Depende de qué se entienda por esto, y tal concepto varía según el grupo al que se pregunte. En todo caso, las televisoras buscarán proteger su interés, como todos lo hacemos a final de cuentas. Pretender que no lo hicieran es un autoengaño. Y poco ayuda que los partidos o grupos de interés definan qué se va a entender por “democratización de medios”, de tal forma que los ciudadanos tengamos la capacidad de elegir con base en ello y no en conspiraciones o valoraciones. Es nuestro derecho votar o no por estas opciones y entre más información tengamos, mejor.
La existencia de candidatos afines a Televisa y Tv Azteca implicaría, en el peor de los escenarios, que estas compañías han hecho un trabajo de planeación estratégica que otras asociaciones con intereses contrapuestos (o partidos que se opondrían a sus planteamientos) no han llevado a cabo. O quizás lo han hecho, pero esos vínculos se mantienen en la opacidad, y eso no está bien. Me gustaría saber si el PRD, PT o PAN han estado haciendo su tarea al respecto y qué ofrecen políticamente.
Algunos analistas señalan que la fidelidad de esa “Telebancada” no está con los partidos, sino en las corporaciones. Quizás, pero ese es a final de cuentas problema de los partidos al mantener su cohesión interna. Lo deseable sería que estos partidos manifiesten su plena coincidencia con las agendas de las televisoras, lo cual es válido. Una vez más, en todo caso a los ciudadanos nos corresponde evaluar con nuestro voto ese problema. Sería conveniente que tales analistas sustentaran esa afirmación con las tendencias de votación de los diputados y senadores, las cuales son de dominio público.
Desde esta perspectiva el problema no es que existan grupos de interés que tengan representación en el Congreso, sino en la opacidad en la que pueden llegar a operar. Una vía para comenzar a resolver este problema es que los partidos publiquen las currícula de sus candidatos, y no tendrían por qué hacerlo si esto no les genera costos.
¿Qué significa lo anterior? Que no podemos votar con base a desempeño, pues nadie compite por el mismo puesto. Si todos los legisladores se van a otra parte al terminar su mandato, los partidos tienen el control sobre la información que brindan acerca de sus candidatos. Lo único que nos queda es elegir con base en promesas o la poca información que se publica.
Ejercicios de inteligencia como el realizado por CCOE y AMEDI son importantes, toda vez que nos ayudan a decidir el voto. Pero poco favor harían a la democracia si, al divulgar este material, transmiten juicios de valor y atavismos maniqueos en lugar de hablar de las verdaderas causas del problema y propuestas claras para resolverlo.
[1] http://www.politicayestadoibd.org/SP/recursos/cuaderno%20de%20trabajo%201%20cabildeo%20dworak.pdf
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