En los últimos años, la mayor sensibilización social acerca del sexismo y los distintos tipos de violencia contra las mujeres, ha permitido sacar a la luz las diversas materializaciones de esta violencia.
En este marco de trabajo se ha determinado la violencia obstétrica como una realización más de esta plaga social.
Hay que precisar que en realidad no se trata de una “nueva versión” de la violencia contra la mujer, ya que su aparición no es ni mucho menos reciente. Lo que es nuevo es su identificación y distinción respecto de la violencia estructural que padecen las mujeres.
Por tanto, la violencia obstétrica es aquella que consiste en perjudicar, por acción u omisión, física o psicológicamente, a la mujer embarazada por su doble condición de mujer y de embarazada (o parturienta). Temporalmente, esta violencia puede prolongarse al post-parto y debido al nexo entre feto y madre, cualquier tipo de perjuicio al primero también es un modo de agresión contra la segunda.
La ejecución de prácticas sanitarias arriesgadas o que siendo invasivas no son necesarias, se considera violencia obstétrica. El ejemplo más común es la realización de cesáreas sin necesidad, instadas por el personal sanitario sin proporcionarle a la mujer la información adecuada acerca de los riesgos y de otras opciones.
Y es que el consentimiento informado es la clave para combatir la violencia obstétrica. La mujer ha de tener la última palabra sobre las acciones que se llevan acabo sobre su cuerpo y con la finalidad de que el embarazo y el parto lleguen a buen término.
La omisión de la información médica necesaria para que la mujer tome las decisiones valorando las distintas opciones a su disposición también se considera violencia obstétrica. De hecho, es el modo de violencia más común y difuso y el más polémico.
Esta violencia por omisión es la más difícil de detectar, ya que puede disfrazarse de orientación médica convencional. Al no ser la mayoría de las madres unas expertas en ginecología y obstetricia, si los profesionales sanitarios pretenden orientarlas teniendo más en cuenta su comodidad que la de la madre, pueden instarla a tomar decisiones perjudiciales para sí misma.
Para evitar este tipo de violencia contra las mujeres embarazadas y parturientas es imprescindible que el personal sanitario tenga una formación adecuada donde se ponga en valor a la mujer como el centro de todo el proceso del embarazo.
La saturación de algunos sistemas de salud provoca un trato homogéneo a los pacientes, sin atender a sus particularidades y convirtiéndoles en clientes a los que atender como si formaran parte de un entramado casi mecánico.
Si esto ya es perjudicial para cualquier paciente, más aún para la mujer embarazada. El embarazo es un proceso complejo y pese a que los embarazos sanos puedan parecerse mucho entre sí, no hay dos iguales. Menos aún si el embarazo resulta no ser completamente sano.
Es precisamente en el caso de que aparezcan complicaciones del embarazo cuando la mujer ha de ser minuciosamente informada de ellas, de sus riesgos, de los distintos tratamientos e intervenciones que sobre ella y el feto pueden realizarse.
Combatir la violencia contra la mujer supone detectar y luchar contra todas las realizaciones que esa violencia supone. No podremos eliminar esta lacra social sin perseguirla en todos los ámbitos en los que actúa.
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