Entre el alud de cifras macabras a las que día a día nos enfrentamos, las relacionadas con la violencia contra las mujeres son de las más estrujantes. En México se registran, en promedio, diez feminicidios diarios, sin que hasta ahora se hayan implementado políticas públicas capaces de detener la elevación continua de esa cifra. Paralelamente, coexisten, además, muchas otras violencias, algunas muy claras, otras más sutiles, al grado de que las propias víctimas muchas veces no tienen conciencia de ellas. Se trata de violencias ejercidas a través de mecanismos diversos que afectan sus cuerpos, su libertad de elección, su dignidad, su autonomía y su igualdad ante sus pares varones. En esas condiciones es como se teje la cotidianidad de una inmensa mayoría de las mujeres, desde la cuna hasta la tumba.
En otras regiones del mundo, además de las variadas formas de violencia que nos son familiares, existen otras, emanadas de las culturas específicas que las han procreado. Me refiero a las violencias justificadas en nombre de valores religiosos o de costumbres ancestrales que aún perviven en el seno de ciertas sociedades musulmanas.
Una de las más impactantes, por el horror que conlleva, es la de los asesinatos por honor, los cuales consisten en la eliminación física de mujeres que, de acuerdo con la mentalidad patriarcal dominante, han manchado el honor familiar al haber incurrido en algún desliz que puede ser, desde un simple coqueteo hasta haber tenido un acercamiento o relación sexual fuera de la estricta y represiva normatividad ahí vigente.
Siguen apareciendo múltiples casos, a pesar de que legislaciones nacionales condenan ya esa práctica. Por ejemplo, en Irán hubo, durante este mes, tres asesinatos por honor. El más reciente fue en la ciudad de Kerman, donde un padre mató a su hija, de 25 años, con una barra de hierro, abandonando luego el cuerpo en el desierto. El motivo, según miembros de la familia, fue que la mujer llegó tarde a su casa la noche anterior al crimen. El segundo caso fue el de un hombre de 23 años que decapitó a su mujer, de 19 años, debido a que ella había huido de la casa al haber sido forzada a casarse con él. Por último, se registró la muerte por decapitación, a manos de su padre, de una chica de 14 años de nombre Romina, por haber entablado ella una relación con un hombre 17 años mayor.
Aunque el asesinato con premeditación es un crimen castigado con la pena de muerte en Irán, hay que decir que la legislación hace una excepción cuando se trata de padres que matan a sus hijas por motivos de honor, en cuyos casos las penas son mucho menos severas, como si algo de razón justificara, relativamente, esas barbaridades. De hecho, la violencia intrafamiliar, sobre todo aquella de la que son víctimas las mujeres, es tolerada sin problema por el establishment oficial en la medida en que en la Sharía o ley islámica, tal violencia se acepta como parte del orden natural de la vida.
Otra gran violencia común en algunas regiones del mundo musulmán es la de la mutilación genital femenina, práctica que si bien no se origina en el islam, sino que proviene de sociedades paganas de África, pasó a formar parte de las tradiciones de ciertos conglomerados musulmanes. Egipto y Sudán son dos de los países donde cientos de miles de mujeres han sido “circuncidadas” a lo largo de siglos, bajo la consideración de que, de esa manera, el patriarcado imperante mantiene bajo control y a raya la sexualidad y, por supuesto, la castidad femenina. Está por demás decir cuánto daño físico y emocional conlleva esa práctica brutal que, por lo general, es realizada en niñas de entre los nueve y los doce años, con medios rudimentarios y poco higiénicos. La Organización Mundial de la Salud denuncia que esto deriva en complicaciones severas, como dolor crónico, dificultad para orinar y menstruar, partos complicadísimos y sangrados frecuentes.
Una buena noticia al respecto es que en abril pasado el gobierno de Sudán, como ya lo había hecho hace tiempo Egipto, prohibió la práctica. No obstante, es incierto hasta qué punto, efectivamente, la clitoridectomía desaparecerá, ya que la Unicef reveló que en 2014 la proporción de mujeres sudanesas que la habían sufrido era de 86.6%. Aunque la pena impuesta es de tres años de prisión, es previsible que habrá muchas infracciones porque es evidente que se trata de una práctica muy arraigada. Además, las cosas difícilmente mejorarán si la sanción no va acompañada de cambios culturales profundos relacionados con la igualdad de género, más allá de las penas impuestas por el Estado.
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