En un par de días se sabrá si Israel marcha o no hacia un cuarto torneo electoral. La decisión depende exclusivamente de la voluntad y de los cálculos del primer ministro Benjamín Netanyahu, inclinado a estudiar todos los recursos con el fin de evitar su presentación ante los tribunales y la posibilidad de una pena de cárcel.
Decisión que debe asumir cuando los efectos del covid-19 se multiplican y el número de desempleados abraza por lo menos la cuarta parte de la fuerza laboral. Se estima que un proceso electoral costará al país no menos de dos mil millones de libras israelíes, un gasto que multiplicará las presiones inflacionarias que ya se verifican en el país.
Por otra parte, el empate aéreo que se vislumbra entre Israel y países del Emirato árabe trastornará severamente el equilibro favorable a Jerusalén que hasta la fecha se había conocido. Incluso éxitos diplomáticos adicionales como la normalización de relaciones con Sudán y con Marruecos no compensarán la pérdida de esta relativa ventaja que el país había mantenido en el curso de los últimos años.
Escenarios que deberían obligar a asumir decisiones equilibradas considerando exclusivamente los intereses del país. Ayer fui testigo de las manifestaciones de protesta que tuvieron efecto frente a la residencia de Netanyahu en Cesárea. Los diálogos con algunos de sus participantes me confirmaron que tanto los aprietos económicos de la población como la creciente hostilidad en Gaza deberían obligar al gabinete israelí a tomar un sensato camino que no es la realización nuevas y costosas elecciones que tendrán inciertos resultados.
Cabe esperar que la razón y la racionalidad se impondrán al cabo.
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