En marzo de 2013, el primer ministro libanés, Najib Mikati, renunció a su cargo y disolvió el gobierno debido a su imposibilidad de controlar las luchas de poder entre la agrupación chiita Hezbolá y el bloque sunnita, rival de éste. El antagonismo preexistente entre esas dos fuerzas políticas se había exacerbado aún más debido a que cada una de ellas apoya a bandos opuestos en la cruenta guerra civil que se desarrolla en Siria, país vecino con influencia e injerencia determinantes en la vida nacional libanesa. Hezbolá no sólo es un firme aliado de Bashar al-Assad, sino que ha enviado a cientos de sus combatientes a Siria a luchar al lado de las huestes gubernamentales, mientras que el bloque sunnita, representado básicamente por la llamada “Alianza 14 de marzo”, se identifica con quienes aspiran a derrocar al régimen de Al-Assad. Tales tensiones provocaron no sólo la renuncia de Mikati, sino poco más de 10 meses de vacío en el que un gobierno provisional tuvo que hacerse cargo. Esa tardanza revela las enormes dificultades para establecer, en el contexto del agitado clima político regional prevaleciente, las alianzas y acuerdos necesarios para formar nuevo gobierno de acuerdo a la legislación libanesa.
Finalmente, el nuevo primer ministro, Tammam Salam, anunció hace una semana que se había llegado a un acuerdo por el que queda establecido un gobierno de unidad nacional. Al parecer, las distintas fuerzas políticas fueron convencidas de limar sus antagonismos y participar en términos igualitarios dentro del gobierno. Tal vez fue determinante para ello la alarma por el incremento de la violencia terrorista que ha golpeado especialmente a bastiones chiitas, por obra de atentados suicidas perpetrados por presuntos agentes de organizaciones sunnitas radicales infiltradas desde Siria. Igualmente, el tema del manejo de los nutridos flujos de refugiados sirios que han llegado a Líbano en busca de asilo ha creado una añadida problemática social, económica y humanitaria que es urgente resolver.
Las disputas por la titularidad de los distintos ministerios fue uno de los factores que obstaculizó a lo largo de los diez meses pasados el arribo a un acuerdo. Por ejemplo, la designación de quién ocuparía el Ministerio de Energía fue especialmente polémica en vista de su creciente importancia nacional, dado el descubrimiento reciente de yacimientos de gas en la costa mediterránea libanesa. Pero el primer ministro Salam consiguió finalmente la aceptación general del principio de que los puestos en el gabinete sean, de ahora en adelante, rotativos entre los diferentes grupos políticos y religiosos, de tal suerte que ninguno de ellos pueda monopolizar indefinidamente un ministerio particular. Y por otra parte, Salam también consiguió, al repartir de forma equitativa los ministerios entre las diversas fuerzas políticas, que ninguna de ellas obtuviera una mayor presencia y por tanto la facultad de ejercer veto a resoluciones gubernamentales, facultad que, por ejemplo, sí poseía Hezbolá en el gobierno pasado.
Por lo pronto, Tammam Salam se ha apuntado un logro importante, aunque es incierto cuánto podrá durar este acuerdo. Las rivalidades inherentes al mosaico demográfico, político y religioso libanés, que generaron a partir de 1975 una cruenta guerra civil que duró 15 años, siguen presentes, con el agravante de que el conflicto en Siria, aunado al problema de los nuevos refugiados llegados de ahí, son como gasolina capaz de prender de nuevo un gigantesco incendio en el país de los cedros similar al que vive hoy Irak. Ojalá que los esfuerzos de Salam logren conjurarlo.
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