Los mexicanos hemos constatado, ya recientemente, para qué pueden ser útiles las consultas populares impulsadas por gobiernos en funciones: entre otras cosas, por ejemplo, para echar abajo proyectos como el del aeropuerto de Texcoco o para seguir adelante con el del Tren Maya o la hidroeléctrica en Huexca, Morelos.
Se nos ha dicho que es una modalidad de democracia directa que reconecta a los dirigentes políticos con el pueblo, al ser la voluntad popular tomada en cuenta de manera directa y sin intermediarios.
Así que, ya entrados en ese tipo de prácticas, no está por demás conocer cómo se han manejado éstas en otras latitudes y cuáles han sido sus consecuencias.
Es ilustrativo, en ese sentido, el muy reciente caso de Egipto, país árabe con una población en cantidad muy parecida a la de México.
Ahí, a lo largo de tres días de la semana que termina, se celebró una consulta popular o referéndum.
El asunto sometido al sí o no fue el de las enmiendas constitucionales para permitir que el actual presidente, Abdel Fatah al-Sissi, pueda permanecer en el poder hasta el 2024, y reelegirse luego nuevamente para seguir en el puesto hasta 2030.
Ya días atrás, en el seno del Parlamento egipcio integrado por 554 diputados, la mayoría de ellos pertenecientes al bloque gobernante de Al-Sissi, habían sido aprobadas las citadas enmiendas con tan sólo 22 votos en contra y una abstención.
Sólo faltaba el sello del visto bueno del pueblo para legitimar la jugada.
Y en efecto, luego del amedrentamiento por las buenas o por las malas de los opositores, sumado a la avalancha de la propaganda oficial y al entusiasta apoyo del establishment militar y económico a favor de las reformas, el resultado de la consulta no fue ninguna sorpresa.
El 88.83 por ciento de quienes acudieron a la consulta (44.3% del padrón electoral), le dieron el sí a su actual Presidente, quien gracias a esta maniobra podrá gobernar hasta por once años más.
Tanto Human Rights Watch como la Comisión Internacional de Juristas, se han pronunciado muy críticamente contra esas reformas a las cuales califican como instrumento para establecer un régimen mucho más autocrático que el que ya de por sí existe en Egipto.
De hecho, múltiples organismos internacionales defensores de derechos humanos han estado denunciando desde hace tiempo las brutales prácticas de silenciamiento y prisión a las que han sido sometidas decenas de miles de voces disidentes o simplemente críticas.
Periodistas, artistas, profesionales, intelectuales y, en general, medios de comunicación y activistas en favor del respeto a los derechos humanos, han sufrido una represión bastante similar, y en ocasiones aún peor, a la practicada durante la época de Mubárak.
Y, ciertamente ha sido un espectáculo lastimoso que la emblemática Plaza Tahrir, donde en 2011 se dieron las manifestaciones multitudinarias que consiguieron derrocar a Hosni Mubárak después de treinta años de dictadura, haya sido esta semana el lugar donde se celebró con fanfarrias y bocinazos que Al-Sissi, con todo y su carga de autoritarismo y sus prácticas represivas, pueda apoltronarse en el cargo presidencial y proseguir con el control férreo y las prácticas antidemocráticas que se le reclamaban en su momento a Mubárak.
Parece ser que, tanto en el caso de Egipto como en el de México, el antecedente de un muy mal gobierno en el pasado inmediato puede ser usado convenientemente como forma de legitimar uno peor a continuación, el cual se diferenciaría de su predecesor, si acaso, en que se muestra enormemente hábil para avanzar en el proceso de monopolizar el poder y al mismo tiempo cubrir las apariencias mediante el subterfugio populista de estar acatando “la voluntad popular”.
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