Los empresarios piden peras al olmo

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Lejos de operar en el vacío, las instituciones públicas requieren del apoyo y la retroalimentación de los diversos grupos de la sociedad para funcionar. De lo contrario todo esfuerzo por implementar una política fracasaría ya sea por el rechazo de la ciudadanía o por el desconocimiento de sus efectos, sean positivos o negativos.
En este entorno el Sector Privado (organizaciones que desarrollan actividades con el afán de lucro) es vital, pues impulsa el desarrollo al proveer empleos. Se tiene la idea atávica, especialmente entre sectores de nuestra llamada “izquierda”, que los empresarios no deberían participar en la política. Sin embargo llevamos más de setenta años donde un partido incluso otorgó espacios de representación legislativa a dirigencias sindicales y campesinas, sin que esto haya contribuido al desarrollo del país. Es más, para algunos el arreglo corporativista vigente es una de las razones de nuestro atraso.
Por lo tanto es hora de aceptar, sin dobles discursos, que todo grupo que persiga fines legales y legítimos tiene el derecho (e incluso la obligación) de participar en las decisiones públicas.
Sin embargo, también es cierto que estos grupos deben conocer a las instituciones y el proceso de toma de decisiones políticas. La mayoría de los cabildeos fracasan por no saber a quién dirigirse, en qué momento hacerlo, cómo dirigirse a los tomadores de decisiones o incluso qué solicitar. Más aún, es virtualmente imposible avanzar si no hay relaciones de responsabilidad y rendición de cuentas entre representantes y representados.
El pasado jueves 16 de diciembre treinta y tres asociaciones empresariales y ciudadanas, entre ellas el Consejo Coordinador Empresarial y México Unido contra la Delincuencia, firmaron un desplegado en medios de comunicación el que reclamaron a los gobiernos federal y estatales y a sus respectivos poderes legislativo y judicial la falta de resultados ante la creciente ola de violencia y seguridad en el país. Si el efecto de la declaración se ha diluido a los pocos días, ¿qué se podría aprender? ¿No se están gastando energías para presionar a un sistema político diseñado para que nada avance, sin cuestionar las razones por las que esto sucede?
El país donde nunca pasa nada
Como dice un viejo refrán, la calidad de las respuestas va a depender siempre de la calidad de las preguntas. En este caso, también podemos hablar de la calidad de las demandas. Una exigencia tan general como la que se hicieron las organizaciones empresariales y de la sociedad civil ocasionó planteamientos diversos pero esquivos por parte de las instituciones públicas.
Podemos así observar comentarios de la más lamentable demagogia echeverrista disfrazada de reivindicación social de parte del Dip. Arturo Santana (PRD), quien consideró irresponsables los pronunciamientos de la Iniciativa Privada; agregando que ésta “no ha aportado los elementos suficientes para enfrentar la guerra contra el crimen, ya que son sus políticas ha asfixiado a parte de la población, que es orillada a sobrevivir en las filas de la delincuencia organizada”.
Otros, como el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el panista José Luis Ovando, fueron más condescendientes, aunque igual de evasivos: “Reconozco su exigencia, pero lo que necesitamos ahora es un trabajo de equipo para dar buenos resultados, porque desde el legislativo han salido reformas y leyes, como la antisecuestro y de amparo, que están encaminadas a combatir la violencia y la inseguridad”.
Los tricolores de plano mandaron a los empresarios a tratar sus problemas en otra ventanilla. De acuerdo con el vocero de ese partido, Carlos Jiménez Macías, es difícil conseguir acuerdos cuando desde la Presidencia se dan garrotazos y pide a la oposición que se siente a la mesa.
Finalmente no faltaron quienes recurrieron al mito de la “voluntad política” para explicar la ausencia de cambios de fondo. El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, argumentó que no se ha logrado mucho por “falta de condiciones” en lugar de falta de ganas por hacer las cosas.
Sin embargo, ni los empresarios ni los políticos se plantean el problema de fondo: nuestras reglas del juego están diseñadas explícitamente para que nunca pase nada. Y si pasa, es en reacción a un problema que rebasó las capacidades de las instituciones. De lo contrario sólo se aprueban cambios que son, en el mejor de los casos, cosméticos. Veamos esto por partes.
En política no existen las soluciones mágicas o espontáneas. Más bien los cambios son producto de planeación, seguimiento y revisión de políticas públicas a lo largo del tiempo. Esto implica, en democracias modernas, que el ciudadano le permite la continuidad en su cargo a un gobernante gracias al éxito obtenido en políticas consideradas como importantes.
Tomemos como ejemplo el saneamiento de los cuerpos policiacos. Una política pública de tal envergadura requiere de la capacitación a largo plazo de las fuerzas del orden y mejora de sueldos para hacer este empleo competitivo. Sobre todo, un jefe policiaco necesita permanecer por un periodo relativamente prolongado para tener la autoridad y fuerza al tomar decisiones difíciles como despidos y enjuiciamientos a elementos corruptos.
Al contrario, en México no hay capacidad para planear más allá de la siguiente elección pues nadie da seguimiento (o peor aún, es responsable) de cuanto hizo en su gestión. Hay poco interés en mejorar sueldos a mandos policiacos cuando no depende de ello la carrera de la clase política. Y un jefe policiaco no va a tomar decisiones de fondo cuando sabe que, al terminar la gestión del municipio, va a volver a la vida civil y a quienes primero se encontrará en la calle es a los ex policías que perjudicó.
Por lo tanto las políticas factibles tienden a ser las menos eficaces, como el mando único policiaco. Dejar a los estados la provisión de orden permite un poco más de planeación, aunque permanecen las limitaciones ya señaladas. Sin embargo ni así se pusieron de acuerdo los legisladores. La iniciativa sigue detenida en el Congreso.
Si el arreglo vigente premia la improvisación y la irresponsabilidad, entonces todos los órganos y niveles de gobierno culparán a los otros del problema. Por eso los gobernadores se desentienden de la lucha contra el crimen organizado diciendo que es problema de la Federación, aunque algunas entidades se estén cayendo en pedazos. También bajo esta perspectiva se entienden mejor las declaraciones arriba comentadas de Carlos Jiménez Macías.
Lo más trágico es que los ciudadanos no pueden hacer nada al respecto mientras insistan en no reclamar el poder que tienen sus similares en otras democracias: exigir cuentas a través del voto, ya sea para premiar o castigar al político, al hacer que aquel compita repetidas veces para el mismo puesto.
En cambio, para 2012 vamos a ver a nuestros representantes buscar el voto del ciudadano con el argumento de que esta vez no hubo cambios por falta de “voluntad”; pero que si votamos por ellos para otro cargo prometen “ahora sí” que harán las cosas bien. Así ha sido en cada elección y seguirá siendo si no hay un replanteamiento de las demandas.
Sin una verdadera rendición de cuentas las cosas seguirán como están, sin importar cuántos desplegados se publiquen, las firmas de apoyo que se recaben de candidatos para comprometerlos en agendas de cambio, el número de viajes en aventón que se realicen para promover una causa, lo juicios “ciudadanos” que se realicen o demás actos de protesta que se emprendan.
Como se dijo arriba, en política no existen las soluciones inmediatas. No porque haya mecanismos eficaces de rendición de cuentas las cosas van a cambiar por arte de magia. Lo que tendríamos son herramientas para plantear mejor las demandas, dar seguimiento a los cambios que se realicen y especialmente para castigar a quienes se comporten como hoy lo hacen. Sin esto vamos a comprar expectativas que no se van a concretar, no importa el partido en el poder o los equilibrios en los órganos legislativos.
Sería recomendable que los firmantes del desplegado del 16 de diciembre pasado replanteasen sus tácticas y demandas. Esto es, si su interés es cambiar las cosas para bien en lugar de mantener un perfil mediático.
Posdata
Quiero aprovechar este espacio para desearles a todos lo mejor en el 2011. ¡Nos vemos en enero! ¡Salud!

Acerca de Fernando Dworak

Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Estudios Legislativos en la Universidad de Hull, Reino Unido. Fue Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados (1994-1997). Durante los trabajos de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, fue Secretario Técnico de la Mesa IV: “Régimen de gobierno y organización de los poderes públicos” (2000). En la administración pública federal, fue Director de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación (2002-2005). Ha impartido cátedra, seminarios y módulos en diversas instituciones académicas nacionales. Es Coordinador Académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del ITAM. Es coordinador y coautor de El legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México (Fondo de Cultura Económica, 2003). En este momento, se encuentra realizando una investigación sobre las prerrogativas parlamentariasy e scribe artículos sobre política en diversos periódicos y revistas.

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