Un relato que escuché de altos funcionarios locales en Sudán cuando serví allí como Encargado de Negocios de los Estados Unidos fue algo tal como esto: En el año 2004, justo cuando estuvo muy cerca de lograrse el Acuerdo de Paz Integral (API) entre el gobernante Partido Congreso Nacional (PCN) del Presidente Bashir y el rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (MLPS), el régimen de Jartum arrugó, pensando que los estadounidenses no cumplirían sus promesas. Según cuenta la historia, los estadounidenses contestaron la llamada telefónica del jefe de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, el Embajador Cofer Black, quien personalmente le aseguró al negociador jefe (y vicepresidente) de Sudán Ali Osman Taha, de que si se firmaba el API, Estados Unidos eliminaría a Sudán de la Lista de Patrocinadores Estatales de Terrorismo (PET). Sudán de Bashir había sido incluido en esa lista, una designación que este merecía ampliamente, en agosto de 1993.
Ahora, en octubre del 2020, llega la noticia de que Sudán finalmente será eliminado por la administración Trump de la lista terrorista, 18 meses después del derrocamiento del régimen de Bashir y a poco más de un año desde la toma de posesión del gobierno civil reformista del Primer Ministro Abdalla Hamdok. La remoción es parte de un paquete de medidas, incluyendo perdonar el pago de la deuda, cuyo objetivo es ayudar a la maltrecha economía de Sudán e incentivarlo a reintegrarse en la comunidad internacional. Esto será seguido, luego de un intervalo decente, por pasos hacia la normalización de relaciones entre Sudán e Israel.
Eliminar a Sudán de la lista terrorista era un tema frecuente de discusión entre Sudán y las administraciones Obama y Bush y la mayoría de los sudaneses, incluso aquellos que se oponían al régimen de Bashir consideraban la presencia de Sudán en esa lista negra como obsoleta e injusta.
Si bien muchos sudaneses se sintieron aliviados y felices con la noticia (mientras se sentían preocupados por otros aspectos del acuerdo), algunas voces en Occidente aprovecharon la oportunidad para atacar a la administración Trump por haber ejecutado de manera incorrecta la anhelada exclusión de la lista[1]. El diario Washington Post advirtió que «intimidar» a Sudán contra Israel pudiera «ser contraproducente» y envalentonar a los islamistas que esperan entre bastidores para retomar el poder luego de tres décadas en espera.
No hay ninguna duda de que, entre bastidores, las negociaciones fueron duras y a menudo amargas. En un momento a finales del mes de septiembre, el director sénior del NSC para el Medio Oriente, General Miguel Correa, le dijo a los tercos sudaneses que estos conformaran la lista del SST por siempre (la administración eliminó de las conversaciones la oficina de Sudán en el Departamento de Estado). Los esfuerzos para enfrentar al gobierno civil y militar sudanés entre sí mismos también parecían haber fracasado, aunque de hecho el ejército se ha inclinado más hacia el tema de la normalización de relaciones que algunos de los civiles.
Pero muchas de las críticas en este caso a la administración Trump parecen partidistas y erradas. La mayor amenaza para que Sudán se beneficie totalmente de este acuerdo no es la administración Trump, sino una camarilla de abogados agresivos que busquen más pagos para sus clientes de un Sudán en bancarrota y senadores estadounidenses, en su mayoría demócratas, que les apoyen.[2] El tema más delicado en Sudán, uno planteado tanto por los islamistas como por la cadena de televisión islamista de Qatar Al-Jazeera, no ha sido la normalización de relaciones con Israel, o la (verdadera) ira por el acoso estadounidense, sino que un país pobre como Sudán debe pagar 335 millones de dólares en compensación por las víctimas estadounidenses del terrorismo por acciones que involucraron al ya derrocado régimen anterior.[3] Los sudaneses no son estúpidos y saben que países como Afganistán, Pakistán y Arabia Saudita no han pagado ni un centavo por los ataques del 11-S u otras actividades. La amenaza ahora es que los 335 millones de dólares, que ya son muy controvertidos, que Sudán acordó pagar y que logró obtener, no son suficientes. La mayor preocupación de los sudaneses ahora es que el tema de la «inmunidad soberana» nunca será resuelto a satisfacción de los litigiosos y codiciosos estadounidenses.
Todas las demás preocupaciones expresadas sobre el acuerdo son temas que ya existen en lo que respecta a Sudán. Ha habido y seguirá habiendo tensión entre los elementos militares y civiles del frágil estado sudanés. Los islamistas sudaneses y sus amigos en Turquía y Qatar ya están tratando de derrocar al gobierno, que ha dado muchos pasos hacia el secularismo, el tema de los derechos de la mujer y la libertad religiosa que los propios islamistas aborrecen.[4]
El peligro de que la actual (o la próxima) administración estadounidense realice promesas excesivas y entregue menos de lo prometido está siempre presente y a menudo ha sido la manzana de la discordia entre los dos países. Pero la idea de que Sudán tuvo todo el tiempo del mundo para lograr este acuerdo de la manera correcta, o esperar a que aparezca una administración Biden y mágicamente salve la situación, es ciertamente una quimera. La profunda crisis del país sucede ya y cualquier beneficio tangible que Jartum pueda obtener ahora vale más que un ideal futuro nada realista.
Ciertamente, la administración norteamericana, tras muy torpemente haber hecho lo correcto pero al menos lo hizo, necesita comprender todo lo que todavía está en juego en Sudán. No es solo del interés estadounidense que Sudán haga una transición completa hacia una democracia que sea estable y progrese económicamente. Uno puede decir eso de muchos países y la capacidad de atención de la política externa estadounidense es a menudo limitada en cualquier administración. Sudán es único porque está tratando de hacer la transición hacia una democracia liberal tolerante desde hace ya tres décadas (y en realidad más, dadas las tendencias de los regímenes anteriores de dictadura islamista de Sadiq Al-Mahdi y Nimeiry). Y ese es un experimento político pionero a gran escala en interés de Estados Unidos y Occidente para verlo desarrollar y ser exitoso.
*Alberto M. Fernández es Vicepresidente de MEMRI.
[1] Bloomberg.com/opinion/articles/2020-10-21/trump-taints-a-foreign-policy-victory-on-sudan?sref=am1wYMj6, 21 de octubre, 2020.
[2] Jpost.com/international/sen-menendez-resolve-911-claims-or-sudan-bill-cant-pass-646252, 20 de octubre, 2020.
[3] Theguardian.com/world/2020/oct/19/us-removes-sudan-from-terrorism-blacklist-in-return-for-335m, 19 de octubre, 2020.
[4] Sudantribune.com/spip.php?article69973, 20 de octubre, 2020.
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