El día 5 de diciembre del presente año 2022, una amplia panoplia de organizaciones internacionales y misiones diplomáticas hablaron sobre un nuevo acuerdo en Sudán entre el ejército y algunos elementos de la sociedad civil y política. El nuevo acuerdo de marco político busca ir más allá del derrocamiento del anterior gobierno civil de transición ocurrido el 25 de octubre, 2021 y conducir a un nuevo gobierno civil de transición y a la realización de elecciones democráticas en un futuro cercano.
Miembros del Quad y de la Troika (Noruega, el Reino de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos) «acogieron con beneplácito» el acuerdo (que estos ayudaron a lograr). Su declaración incluyó todas las palabras diplomáticas habituales en boga sobre el «diálogo inclusivo» y llamados a apoyar el engorroso «mecanismo tripartito» formado por las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Autoridad inter-gubernamental para el desarrollo de África Oriental (AIDAO) con el fin de llevar así el proceso a una conclusión exitosa.[1] Los países occidentales que apoyan el acuerdo tenían la esperanza de que, si las cosas iban bien, se reanudaría la asistencia occidental suspendida desde el golpe de estado de octubre, 2021.
Entre los sudaneses, la reacción al acuerdo ha sido, en el mejor de los casos, mixta. Los ex-rebeldes de Darfur que firmaron el acuerdo de paz de Juba en el año 2020 (y que respaldaron el golpe de estado militar) expresaron su preocupación por una posible pérdida de privilegios. En el lado opuesto del espectro, los comités de resistencia anti-golpistas que fueron parte clave de la caída del régimen de Bashir y que se opusieron firmemente al golpe de estado del año 2021 (y se levantaron en las calles del país en contra del golpe) también se oponen a un acuerdo que ven como consagración del poder militar tanto como impunidad sobre el hecho.
Los escépticos señalaron que el ejército ha violado repetidamente los acuerdos con la sociedad civil y con los políticos desde el 2019 y ha masacrado a civiles tanto antes como después del golpe de estado del año 2021 en Sudán. De alguna manera, la comunidad internacional y las Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FLC) pensaron que otro acuerdo más con la misma junta era creíble y que esta era la mejor manera, no violenta, de volver a encarrilar a Sudán luego de producirse el golpe de estado del año 2021.
Sobre el papel, el acuerdo de cinco páginas dice todo tipo de cosas buenas.[2] El estado es para garantizar la libertad de creencias, es imparcial cuando se trata de religión. Sudán será un «estado civil, democrático, federal y parlamentario». La nueva autoridad de transición de dos años será «una autoridad civil totalmente democrática» sin la participación del ejercito. Se supone que los militares tienen prohibido «participar en inversiones y negocios comerciales». Se llevarán a cabo conversaciones de paz con los dos reductos rebeldes restantes, el SPLM de Abdel Aziz Helou en las montañas Nuba y el SLM de Abdul Wahid Nur en Darfur. El 40% del parlamento de transición estará compuesto por mujeres. Eventualmente, habrá una Fuerza Armada de Sudán, con antiguos grupos rebeldes incorporados o compensados de alguna manera, con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) también integradas en «un único ejército profesional nacional».
El problema es que Sudán ha estado inundado de acuerdos políticos y tratados de paz en las últimas décadas en las que destacaban listas de lavando similares. Si todo lo que se había acordado antes hubiese sucedido, Sudán hubiese sido un estado pacífico, democrático y mucho más próspero hace años. Este último acuerdo es algo así como el viejo chiste de Oscar Wilde sobre las segundas nupcias, «el triunfo de la esperanza sobre la experiencia».
También es una victoria del «proceso» sobre los resultados reales: la eterna maldición de la transformación política en Sudán. Tendrá que haber una enorme cantidad de trabajo administrativo, político y diplomático tortuoso en múltiples ejes de procesos, donde aquellos que trabajan para mantener que las cosas marchen tendrán que hacer todo tipo de compromisos y concesiones para tratar de seguir avanzando. Es muy posible que las cosas puedan mejorar. También es posible que la casta militar acabe de obtener dos años adicionales en los que puede culpar a los civiles por la mala administración y por la falta de mejoras en las terribles crisis económicas y sociales de Sudán. Entonces, dentro de dos años, los generales pueden volver a intervenir, tal como justificaron con el golpe de estado de octubre del año 2021, más con pena que con ira, para “salvar así la revolución” de los supuestos fracasos de la sociedad civil.
Sin embargo, los desafíos llegarán pronto. Olvídense de las transgresiones pasadas o que el nuevo acuerdo «legaliza» el golpe de estado.[3] ¿Será castigado alguien la próxima vez que un miembro de los servicios de seguridad mate a algún manifestante civil en Jartum? ¿Cuándo abandonará el ejército (FAR) el ser dueños de los mayores bancos de Sudán y las RSF su hegemonía sobre la industria del oro del país?
Tal como indican las declaraciones internacionales de bienvenida al acuerdo, la comunidad internacional tiene la intención de desempeñar un papel importante en el proceso de implementación. Pero muchos de los países involucrados tienen sus propias agendas. Estados Unidos, que se abstuvo de sancionar a las fuerzas armadas sudanesas después del golpe de estado, tiene una serie de preocupaciones bilaterales que van desde la lucha contra el terrorismo hasta la limitación de la influencia rusa en Sudán. Países como Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen intereses regionales y diferentes vínculos con diferentes partes de las fuerzas armadas. Es difícil imaginar que alguno de estos estados sacrifique sus propios intereses si el espíritu y la letra del acuerdo comienzan a decaer, al principio solo un poco y luego cada vez más lejos de lo esperado.
Se especula que Yassir Arman, el veterano ex-funcionario del SPLM y figura controvertida, pudiera tener un puesto clave en el nuevo gobierno civil. Arman, ex-comunista y seguidor del difunto John Garang, es despreciado por los islamistas de Sudán. Este es un actor político capaz que ha sido asesor principal del gobierno dos veces, pero tiene muy poca experiencia en la administración del actual gobierno.[4]
Mientras el proceso se pone en marcha, ya se ha producido un resultado muy real. El acuerdo ha dividido fatalmente a la oposición entre aquellos que piensan que es un acuerdo terrible que consagra al gobierno militar y aquellos que piensan que es un esfuerzo que vale la pena hacer y lo mejor que Sudán pudiera esperar en la actual coyuntura. El componente militar también está algo dividido entre generales y ejércitos rivales (las FAR de Al-Burhan y las RSF de Hemedti), pero por ahora ambos han respaldado el acuerdo mientras maniobran para obtener luego el poder final.[5] Hemedti admite abiertamente (y correctamente) que el golpe de estado del año 2021 fue un error, una opinión que intencionalmente molesta a Al-Burhan, quien fue el que lo llevó a cabo.[6]
Al igual que en crisis anteriores, aquellos que poseen el poder en Sudán hoy cuentan con que habrá menos presión sobre ellos a partir de ahora y más atención a los probablemente desventurados civiles y sus pasos dados en falso. Ellos también cuentan con la limitada capacidad de atención de una comunidad internacional preocupada por múltiples crisis que piensa que han hecho todo lo bien que pueda esperarse cuando el tema trata con el turbulento Sudán.
*Alberto M. Fernández es vicepresidente de MEMRI.
[1] Gov.uk/government/news/sudan-quad-and-troika-joint-statement-december-2022, 5 de diciembre, 2022.
[2] Alsudantoday.com/sudan-news/breaking-news/162605, 5 de diciembre, 2022.
[3] Alsudaninews.com/ar/?p=163586, 1 de diciembre, 2022.
[4] Elwekalanews.net/696281, 25 de julio, 2021
[5] Aawsat.com/home/article, 5 de diciembre, 2022.
[6] Twitter.com/25Wli/status/1599858965067993088, 5 de diciembre, 2022.
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