Como director de El Colegio de acudí ante una alta funcionaria del CONACyT para solicitar asistencia para uno de los muy pocos centros de investigación en Chihuahua, la respuesta fue negativa aduciendo trabas administrativas, que ahora me entero no aplicaban para financiar al Foro al que le autorizaba decenas de millones de pesos anuales. Por lo visto había distintas reglas para distintas instituciones. Centenas de millones para un foro que en 10 años no aportó (no se conoce públicamente) ni una idea de científica, cero pesos para un centro de investigación. En medio del escándalo el gobierno nos dice que hubo malos manejos con la lana, los acusados solo dicen todo fue legal.

Asistí como investigador con la misma funcionaria para decirle que teniendo el mayor grado académico posible (pos doctorado) y treinta libros publicados, una mafia me bloqueaba en el SNI, aunque reconoció que había manejos indebidos no hizo nada contra las mafias, tal vez porque entre ellas se encontraba a la que financiaba en el foro famoso.

Esa funcionaria es (co)responsable del financiamiento público a empresas privadas, algunas extranjeras, cuya aportación al desarrollo científico del país fue deficiente o nulo, si ese dinero se hubiera invertido en los centros de investigación la condición de la ciencia en México sería muy distinto, pero ese CONACyT funcionaba bajo las normas neoliberales que piensan que hay que entregarle el país a las oligarquías extranjeras o locales y en el valor del capitalismo y academismo de amiguetes.

La funcionaria de marras no se mandaba solo, respondió a ante una cierta lógica de gobierno y de Estado. En lo personal hace tiempo que se dedica de tiempo completo al trabajo administrativo, definido en la literatura como burocracia y no como cree un amigo mutuo que es administración científica, concepto inexistente aunque trate de hacer quedar bien a su amiga. Por lo menos 25 de los acusados llevan mucho tiempo administrando instituciones gubernamentales o académicas, lo que no los hace científicos.

Permítaseme hacer varias aclaraciones:

Ese foro no representa a la comunidad científica, si acaso representan a un grupo de científicos. Su nivel de respuesta a los que se encontraban fuera de la camarilla era deficiente o nulo. Indebidamente el CONACyT les entregó información personal de los investigadores nacionales para que enviaran materiales. Que indebidamente tengan mi correo electrónico no les da mi representación.

Una primera conclusión es que se debe revisar la de entrega de dinero público a organizaciones no gubernamentales, esto no puede ser casuístico o voluntario. Debe haber reglas claras que se le aplican a todos. Eso es Estado de Derecho.

Las asociaciones civiles como el foro tienen responsabilidades fiscales en general y mayores cuándo según su dicho, su única fuente de ingresos es dinero público. Es sorprendente que “científicos importantes nacional e internacionalmente” hayan sido incapaces de conseguir fondos de fuentes privadas, por ejemplo fundaciones nacionales o extranjeras, cuanto más que su trabajo prácticamente “salvaba a la ciencia y los científicos mexicanos”. Pero al parecer no lo requerían porque la ubre del gobierno estaba generosamente disponible.

La revisión del manejo de dinero de funcionarios y ex funcionarios no es, no puede ni debe considerarse como persecución ni contra ellos ni contra ninguna comunidad.

La ley se aplica y es absurdo que las acusadas expresen que generosamente aceptarán su aplicación. Si la ley estableció castigos ejemplares y muy elevados responde al intento por atajar la corrupción desmedida que ahoga al país y a la sociedad.

Hay recursos para contrarrestar los malos manejos desde el gobierno o las instituciones policiaco judiciales, ya sea su defensa legal (y tienen derecho a defensores de oficio) y el derecho de amparo que protege al individuo, eso lo saben muy bien las acusadas porque se ampararon contra el CONACyT cuando les recortaron los fondos.

Este tema se está politizando lo que es buena señal, la sociedad debe estar atenta y no permitir abusos ni impunidad, pero también estar alerta ante los oportunismos que buscan disfrazar abusos. Muchos sucesos actuales se retoman y amplifican en contra del gobierno para desviar la atención. El PAN que desde el poder nunca ha apoyado a la ciencia, ahora en el senado oportunistamente reclama que cese la “persecución”, igual como reclamaron persecución contra el prófugo Anaya. De los 31 acusados 25 son burócratas y la acusación a los otros 6 no puede ni debe considerarse un ataque a la comunidad científica.

Los procesos legales se deben ventilar en público protegiendo la validez de la ley, la presunción de inocencia y reputación de los acusados, habría que aclarar quién le filtró el asunto a los medios. El debate actual demuestra el profundo desconocimiento del sistema legal, bien haría el gobierno si utilizara este caso para educarnos sobre los procesos legales.

Una sociedad bien educada resiste el abuso y la impunidad vengan de donde vengan.

1 COMENTARIO

  1. El Sr. Samuel Schmidt NO es el director del Colegio de Chihuahua como lo asevera en la primera frase de esta entrega de acuerdo con la página web de esa institución. Los argumentos que expresa en contra de varios miembros de la comunidad científica faltan enteramente a la verdad por lo que sugiero que el Sr. Schmidt consulte las obras e investigaciones publicadas por ellos para enterarse de su calidad académica y corregir los denigrantes juicios vertidos en su artículo.

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Chair, International Advisory Board for Immigration Studies. U.S.-Mexico Research Program. UCLA. Director asociado de la revista Araucaria. Director del semanario El Reto. Testigo experto en juicios de asilo político y para frenar deportación de mexicanos en Estados Unidos. Posdoctorado en Historia, University of California, Los Angeles. Doctor en Ciencias Política (UNAM). 35 libros publicados y más de 1,000 artículos. Traducido al inglés, francés e italiano. Pionero en varias áreas de investigación: análisis de redes políticas, estudios sobre humor político, democratización en México, temas fronterizos (agua, migración y seguridad) y sobre Crimen Autorizado.