Diario Judío México -

El Presidente Calderón decidió enviar al Congreso como iniciativa preferente su propuesta de reforma laboral. Pudiendo haber escogido otros temas urgentes relacionados por ejemplo, con el combate al enorme poder económico y por tanto poder corruptor, del crimen organizado o con la democratización de los medios de comunicación electrónica, el haber elegido la propuesta de reforma laboral, ratifica su visión conservadora y limitada de los asuntos que agobian actualmente a la sociedad mexicana.

Si bien muchos coincidiríamos que el modelo sindical que ha prevalecido en México, herencia del corporativismo, conculca derechos básicos de los trabajadores en materia de libertad de sindicalización, pensar que los corruptos líderes sindicales constituyen un asunto nodal en la vida del país, es no entender dónde están los verdaderos poderes de hecho. Los grandes monopolios, los especuladores de la tierra y financieros y el crimen organizado entre otros, son los que mantienen al país en una trayectoria que privilegia los intereses privados por sobre los colectivos, agudizan el conflicto y alimentan la violencia y acrecientan la desigualdad.

Además, la propuesta en materia de libertad sindical ni siquiera toca a dos sindicatos verdaderamente poderosos como son el de maestros y el petrolero cuya vida laboral se rige por el Apartado B del artículo 123 constitucional que se refiere a las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, y que está reglamentado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es decir, la Señora Elba Ester Gordillo y el Sr. Romero Deschamps no resultarían afectados si finalmente lograran pasar las propuestas en materia sindical contenidas en la reforma.

Es notable que hasta ahora el gobierno panista quiera actuar en un tema donde ha sido totalmente omiso como es la protección del derecho humano de sindicación. Incluso aprovechó la estructura corporativa y de control desarrollada por las administraciones priistas para avanzar en la flexibilización de las relaciones de trabajo y reducir al mínimo su obligación de proteger los derechos humanos laborales. Las administraciones panistas contribuyeron así a profundizar la pérdida de la dignidad del trabajo asalariado permitiendo que las condiciones laborales se precarizaran y que los salarios mínimos legales de México se ubiquen actualmente entre los más bajos de la región latinoamericana, sólo por encima de los de Nicaragua, Bolivia y de acuerdo al último Informe del Banco Mundial.

En este contexto, dos temas fundamentales de una reforma laboral con perspectiva de derechos humanos que ni siquiera son tocados en la reforma laboral calderonista son la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos encargada de fijar anualmente los llamados “minisalarios” y el acceso a la justicia por parte de los trabajadores.

No es posible que la pantomima en que se ha convertido la Comisión desde 1980 permanezca intocada. En ella se sientan precisamente esos líderes sindicales históricos beneficiados por el corporativismo y mantenidos por los gobiernos panistas con los abogados de las corporaciones patronales para aprobar los aumentos anuales a los salarios mínimos. Los directores de esta patética orquesta son los representantes de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México quienes aportan la partitura y les indican a los dignos representantes de los llamados “factores de la producción” en qué tono deben tocar y cuál es el porcentaje de aumento al salario mínimo que deben aprobar de acuerdo a los parámetros definidos en la política económica del gobierno. Al final de cada fijación, todos se van muy contentos a su casa pues ninguno de ellos gana un salario mínimo y ni siquiera conocen y mucho menos representan, a la enorme masa de trabajadores mexicanos que reciben uno o dos salarios mínimos como pago para mantener a sus familias. Y después nos preguntamos por qué tantos miles de adolescentes y jóvenes son atraídos por las ofertas que reciben del crimen organizado.

Una verdadera reforma laboral debería incluir una revisión profunda del sistema de fijación de los salarios mínimos sustituyendo el actual mecanismo simulado de negociación por una instancia que con información y bases técnicas sólidas, haga efectiva la garantía social del salario mínimo en concordancia con lo que define nuestra Constitución. Igualmente debería acordarse una trayectoria que en el tiempo permitiera ir restituyendo el poder adquisitivo de los salarios perdido a lo largo de tres décadas de contención, sustentando con ello una urgente y necesaria redignificación del trabajo asalariado formal.

No puede postergarse la sustitución del salario mínimo legal como unidad de cálculo de un sin-número de precios y tarifas como son las multas, que en consecuencia colocan una carga absurda sobre un precio que lo que busca es fijar un piso básico para retribuir dignamente el trabajo humano.

Otro tema fundamental omitido en la reforma laboral es la revisión del actual sistema de justicia laboral que propicia abusos no sólo del derecho de acceso a la justicia por parte de los trabajadores, sino incluso de empleadores que caen en manos de las mafias de abogados y sindicatos que florecen a la sombra de los ineficientes tribunales y juntas de conciliación y arbitraje. Urge sacar la impartición de justicia laboral del ámbito de los poderes ejecutivos y trasladarla a los poderes judiciales.

Me pregunto si realmente Calderón hizo bien en enviar una reforma laboral unilateralmente construida e insuficiente como iniciativa preferente y si ello no va a vacunar al país del desarrollo de una reforma necesaria, moderna y justa en los próximos años.

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Estudio economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e inició su trabajo profesional como investigadora del Banco de México, de El Colegio de México (Colmex) y de la Dirección General de Estadística.Trabajó por 20 años en el Gobierno Federal como Directora General del Empleo, del Instituto Nacional del Consumidor, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral y concluyó como Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Pesquero.Dejó el Gobierno Federal en 1991 y se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia. Fue presidenta de ACUDE (Acuerdo Nacional para la Democracia), participó en la creación y fue parte de la primera coordinación de Alianza Cívica, socia fundadora de GIMTRAP y de Causa Ciudadana APN y actualmente es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social AC.Fue miembro del Comité Técnico para la Auditoria del Padrón Electoral en 1994 y directora del Registro Federal Electoral en 1997. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing de1995.Participó como Secretaria de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático del Distrito Federal de 1997 al 2000.En 2003 fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en la materia, encargándose de varios apartados del Capítulo de DESC y del relativo a derechos humanos de las mujeres. En 2008 colaboró en el diagnóstico de derechos humanos de Guerrero con el capítulo sobre DESC.En 2004 y 2005 coordinó la elaboración de un análisis sobre la Realidad Social en Ciudad Juárez, y de 2006 a 2009 promovió y participó en los Comités Conciudadanos para la Observación y la Reforma Electoral. Participa como docente y conferencista en varios diplomados en los temas de Desarrollo y Política Social, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Políticas hacia las Familias, Desigualdad Social, Sector Informal y mercados de trabajo y Desarrollo de la Sociedad Civil.Es miembro del Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Demografía, del Consejo del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana; y ahora miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).