¿Qué pasará con las iniciativas preferentes?

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La iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo terminó su viaje por las cámaras sin un acuerdo y lo mismo sucedió con la presentada en materia de contabilidad gubernamental.

En el primer caso los temas en disputa son la transparencia, la democracia y la rendición de cuentas de los sindicatos; en el segundo, el PRI quiere imponer reservas en cuanto a la transparencia de los estados.


Aunque la redacción aprobada en la Constitución Política sobre las iniciativas preferentes no es precisa sobre qué pasaría en el escenario actual, esto no significa necesariamente que se vaya a la “congeladora” como algunos se apresuran en afirmar.

Por lo anterior, se presentarán dos argumentos que pueden mover si no al optimismo, al menos a no bajar las expectativas de una reforma por más mínima que sea.

1. LA INICIATIVA PREFERENTE NO ES UN “ESTADO DE TRÁMITE”

En una entrega anterior se describieron las facultades legislativas que tiene un Ejecutivo en sistemas presidenciales, entre las cuales se encuentra la iniciativa preferente.

Esta última es un poder que tiene el gobierno para forzar a que el Congreso se pronuncie sobre un tema, ya sea aprobándolo o rechazándolo, sin menoscabo en el caso de México de que la iniciativa pueda modificarse durante el proceso legislativo.

Los opositores pueden decir que “la discusión es apresurada”, o que “falta tiempo para debatir”, pero este mecanismo aplica para aquellos asuntos que llevan años de parálisis.

El problema en este caso es que la redacción es imprecisa, pero no se puede esperar mucho de legisladores que sólo están ahí por un tiempo limitado.

Por eso no se prevé algo tan básico como aclarar qué pasaría si la iniciativa preferente pasa por las dos Cámaras y no hay acuerdo; pero esto no significa ni remotamente que el carácter de preferente se pierda como algunos han dicho.

Lo interesante de esto último es que lo haya dicho el coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, toda vez que viene de ocupar esa misma responsabilidad en el Senado cuando esa reforma se discutió.

Todavía más, se esperaría que estuviera bien enterado de estos temas si recordamos que en 2008 enarboló el tema de la reforma política con una ley ad hoc que terminó en buenas intenciones y que carecía de carácter vinculatorio.

¿Qué deberíamos entender con la declaración de Beltrones? Si somos bien pensados, que está tratando de vender caro el voto de su partido para negociar un arreglo.

Si somos “medio bien” (o “medio mal”) pensados, que no sabía lo que aprobó como líder del PRI en el Senado o que sus asesores no le informaron de qué trataba. Pero si somos mal pensados, podríamos creer que impulsó una redacción ambigua para el caso de que no le conviniese a su partido una iniciativa preferente.

Pero volvamos al tema, ¿qué debería aplicar en este momento?Pues lo que aplica cuando hay una norma procedimental imprecisa (lo cual, en el contexto parlamentario, ocurre casi siempre): crear mediante un punto de acuerdo una comisión mediadora bicameral que negocie un dictamen único.

2. EL PRI Y EL PAN TIENEN QUÉ PERDER CON EL “CONGELAMIENTO”

Vayamos por partes. Al PRD ni le va ni le viene que el tema se detenga: cierto, no pasaría la transparencia sindical, pero puede decirle a sus votantes que tampoco pasó lo que sus bases creen que es perjudicial.

Y los radicales de izquierda tienen un “Coco” más con el que espantar a sus feligreses, junto con el “neoliberalismo” y los “poderes fácticos”.

El PAN tiene bastante que perder. La división de posturas entre ambas Cámaras en el tema de la democracia sindical (recordemos que el coordinador del grupo parlamentario en San Lázaro votó en contra del tema, presumiblemente cumpliendo un acuerdo pactado con el PRI) los haría ver como un partido dividido –y eso les podría hacer perder votos en 2015.

Otra consecuencia es que no serían vistos como negociadores totalmente confiables por parte de los otros partidos.

Pero quien tiene mucho que perder es el PRI. En primer lugar, porque se mostró dividido en sus posturas frente a las reformas en materia de contabilidad; e incluso puede ser vista como mala señal el candado que puso a la transparencia estatal.

Y lo peor: se le vería como un partido poco dispuesto al cambio aun antes de que inicie el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Como se dijo en una entrega anterior, la presentación de una iniciativa preferente es resultado de una serie de consideraciones estratégicas sobre la popularidad del tema, las respuestas de los partidos y los escenarios de negociación. En este caso los tricolores y los azules siguen teniendo incentivos para negociar.

Con lo anterior dicho se pueden establecer tres escenarios, que enlisto del más al menos optimista:

Escenario 1: Pasan las iniciativas en términos de las minutas de las Cámaras de origen, o con cambios que pueden ser aceptables para ambas Cámaras. Como se acaba de decir, es optimista y por ello poco probable –a menos que los tricolores estén dispuestos a “tragar sapos”.

Escenario 2: Crear una comisión bicameral. Esto pareciera ser lo más sensato. Los partidos negocian un arreglo que puede asemejarse a las preferencias de la Cámara de origen.

Escenario 3: Controversia constitucional. El Ejecutivo o el PAN pueden promoverla ante la Suprema Corte de Justicia. Una lectura tanto de la exposición de motivos como de las referencias comparadas a nivel internacional le darían la razón. Como resultado, si bien no sería aprobada de inmediato el costo podría tenerlo Peña Nieto ya como presidente.

Acerca de Fernando Dworak

Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Estudios Legislativos en la Universidad de Hull, Reino Unido. Fue Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados (1994-1997). Durante los trabajos de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, fue Secretario Técnico de la Mesa IV: “Régimen de gobierno y organización de los poderes públicos” (2000). En la administración pública federal, fue Director de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación (2002-2005). Ha impartido cátedra, seminarios y módulos en diversas instituciones académicas nacionales. Es Coordinador Académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del ITAM. Es coordinador y coautor de El legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México (Fondo de Cultura Económica, 2003). En este momento, se encuentra realizando una investigación sobre las prerrogativas parlamentariasy e scribe artículos sobre política en diversos periódicos y revistas.

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