Según las ciencias políticas, la función de un gobierno estriba en lograr el beneficio del bien común. Por consiguiente, si se embarca a un país en una serie de reformas –como es el caso actual de México- se espera que éstas rindan buenos frutos para la sociedad; pero si éstas no ofrecieran los beneficios que prometen, entonces se podrían convertir en irrelevantes o contraproducentes.
El proceso de reformas constitucionales en México generalmente pasa por tres etapas:
- La aceptación constitucional, donde se enfrentan las posturas ideológico filosóficas.
- La elaboración de las leyes reglamentarias, donde se manifiestan los debates y el campo de batalla entre los distintos intereses de las distintas facciones partidarias y de los sectores sociales a quienes podrían beneficiar o perjudicar tales reformas.
- Finalmente la aplicación de las reformas de acuerdo a como se legislaron para hacerlas operativas en la realidad nacional.
Si bien, el año pasado se mostró la gran capacidad política del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para lograr acuerdos a fin de que se aceptaran las reformas constitucionalmente; este año los retos serán grandes, ya que se discutirá cómo éstas se van a reglamentar, lo que provocará el enfrentamiento de distintos intereses sociales y posturas partidarias.
Asimismo, hay que acotar, que la élite gobernante está consciente de la necesidad de lograr las reformas, pero no tiene muy claro todavía, para qué sirven éstas, puesto que en la forma en que fueron aceptadas constitucionalmente, adolecen de grandes contradicciones filosóficas entre sí, debido a los intereses político-sociales, con los que se tuvo que negociar para que fueran estatuidas.
Lo que hay que observar en esta segunda etapa de reglamentación, es cuánto se diluirán las reformas de sus argumentos iniciales, debido a la confrontación de intereses de los diversos sectores sociales, tanto de quienes las apoyan o de quienes las resisten, para que las cosas queden en el mismo status quo. Incluso dentro del interior del PRI -partido del actual Presidente- que no es un partido monolítico, habrá facciones que tratarán de mediatizarlas. Por otro lado, habrá grupos partidarios que representen a los grupos de poder económico, tales como Televisa, TV Azteca y Telmex, que buscarán que las leyes secundarias los favorezcan o que luchen por el statu quo, en caso que esas leyes los perjudiquen.
Por tanto, el enfrentamiento de intereses que se dé en las discusiones de las leyes reglamentarias será crucial, ya que de éste depende que las reformas se realicen, se atoren o se mediaticen, y entonces se conviertan en irrelevantes o hasta contraproducentes. En tal caso, en ese momento, se verá la madera de lo que está hecho el Presidente Enrique Peña Nieto, si será capaz de negociar para sacarlas adelante de una forma congruente o si se dará marcha atrás con lo conseguido en un principio.
Todo este proceso podría afectar el crecimiento económico, aunque según los cálculos actuales, se cree que este año se podrá llegar a un 3.5 %, si se aprovecha la aceleración económica de Estados Unidos.
Por último, la dificultad también estribará en cómo se aplicarán estas reformas para cuando salgan después de la reglamentación secundaria. La pregunta que queda en el tintero es: ¿Cómo se aplicarán y se harán operativas en la práctica, para que rindan los beneficios que se esperan en la sociedad mexicana?
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