Las recientes condenas a muerte mediante lapidación de mujeres acusadas de adulterio en Afganistán e Irán, más la imagen publicada en la portada de la revista Times de una mujer afgana mutilada en nariz y orejas a causa de un “delito de honor”, causaron un fuerte impacto en la opinión pública internacional. La fluidez y velocidad con las que la información circula actualmente ha hecho que se difunda de manera extensa la imposición de este tipo de castigo que proviene muchas veces de “fatwas” o decretos emitidos por una diversidad de clérigos musulmanes, sin que necesariamente tales sanciones cuenten con la aprobación de las más altas autoridades religiosas que son las expertas en jurisprudencia islámica. Para efectos de ejemplificación, lo que ha estado ocurriendo con las fatwas equivaldría en los ámbitos católico y judío a que cualquier cura o rabino tuviera el poder de decretar disposiciones legales capaces de condenar a muerte a alguien por la infracción de una norma religiosa.
En los últimos años la emisión de fatwas con disposiciones radicales se ha multiplicado en el mundo musulmán. De ahí el caos normativo que ha llegado a extremos alarmantes no sólo para los fieles que sufren sus consecuencias, sino también para las más prestigiadas instituciones de jurisprudencia islámica que han visto crecer el torbellino de decretos sin poder ejercer control alguno sobre ellos. Y es que cada vez han sido más comunes los abusos de poder y las arbitrariedades. En diversas ocasiones ha sido evidente cómo ciertos clérigos emiten fatwas condenatorias de prácticas que han sido comunes y aceptadas tradicionalmente, sólo con el objeto de adquirir ellos fama y crearse la imagen de hombres estrictos que no toleran las desviaciones. En consecuencia se ha estado estimulando una atmósfera de extremismo creciente.
Pero por fortuna, parece comenzar un nuevo período en cuanto a esta situación. En ocasión de la celebración del mes santo del Ramadán, el rey Abdulah de Arabia Saudita, en su calidad de máximo líder de los fieles del Islam, acaba de emitir un decreto por el cual sólo el Consejo de Ulemas Veteranos posee la facultad de emitir fatwas religiosas. Textualmente la intención de esa medida fue “…reducir la proliferación incontrolada de fatwas y con ello el conflicto y los desacuerdos sin sentido que sobre las mismas han emergido con consecuencias negativas”.
Es importante saber que aun cuando las fatwas que condenan a muerte son las más conocidas (recuérdese la decretada contra Salman Rushdie y Ayaan Hirsi Ali por el cargo de herejía) hay muchas otras áreas de las que se han ocupado los clérigos adictos a emitir decretos a diestra y siniestra. La jihad o guerra santa, la banca islámica, el mercado de valores, la pretensión de las mujeres de obtener un empleo, el velo femenino, la televisión, el Internet, los viajes, la educación en el exterior, el trato con los no musulmanes, la fotografía y los teléfonos celulares constituyen temas respecto a los cuales una multiplicidad de clérigos se han ocupado con objeto de decretar qué es aceptable o pecaminoso, y cómo castigar, en su caso, a los infractores. Por tanto, la nueva disposición del rey Abdulah aparece como una medida destinada a acabar con la perniciosa anarquía que no sólo daña la imagen del Islam en el exterior, sino que complica también enormemente la vida de los fieles, al estar éstos sujetos a las más patéticas arbitrariedades.
El altísimo rango y gran prestigio del monarca saudita, al ser él la autoridad máxima en el lugar cuna de la religión musulmana, hace mucho más relevante la disposición. Se trata en este caso, de una influencia poderosa sobre el mundo musulmán sunnita, aunque por desgracia, es muy probable que en el entorno chiíta –básicamente en Irán, Líbano e Irak donde predominan los chiítas- este avance no tenga consecuencias de consideración.
Fuente: Excélsior
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