En esta confrontación entre sunitas y chiitas hutíes, apoyados por Arabia Saudita e Irán, respectivamente, ha sido notable la inclemencia de los bombardeos del reino saudita sobre zonas hutíes, lo mismo que el bloqueo naval de los puertos por donde ingresa al país la mayor parte de los productos imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas de la población civil. Tales operativos bélicos han sido apoyados y facilitados militarmente por Washington, bajo la consideración de que contribuir a debilitar la influencia de Teherán en la región es una prioridad de primer orden, más todavía a partir del reciente endurecimiento de la política antiiraní desplegada por el presidente Trump.
En ese contexto, que parecía inamovible bajo la mirada indiferente de la comunidad internacional, el escándalo del asesinato del periodista Jamal Khashoggi dentro del consulado saudita en Estambul tuvo como una de sus consecuencias colaterales el poner bajo los reflectores de la opinión pública internacional el caso de Yemen, ya que el desaparecido periodista era un crítico acerbo de la participación saudita en esa guerra y, probablemente, por eso fue asesinado.
En consecuencia, los horrores de la conflagración en Yemen tuvieron una difusión inédita, y la alarma en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos por el brutal homicidio de quien fuera corresponsal del Washington Post estuvo necesariamente acompañada por la obligación de los legisladores norteamericanos de mirarse en el espejo y cuestionarse hasta qué punto su país ha venido siendo un cómplice activo en el desarrollo del inmenso drama humanitario registrado en Yemen.
Fue así como a últimas fechas, a la par de las críticas lanzadas tanto por congresistas y senadores demócratas y republicanos a Trump por su decisión de imponer tan sólo sanciones leves y acotadas al gobierno saudita por su implicación directa en el asesinato de Khashoggi —el presidente estadunidense sigue sosteniendo que no hay pruebas contundentes de que el príncipe Mohamed Bin Salman lo haya ordenado—, el tema de Yemen logró colocarse en la agenda del Senado estadunidense.
Por lo pronto, anteayer el Senado aprobó por 56 contra 41 votos la iniciativa presentada por el senador demócrata Bernie Sanders, de terminar definitivamente con el apoyo material y logístico norteamericano a la coalición militar encabezada por Arabia Saudita en contra de los rebeldes hutíes.
Y aunque se trata de una iniciativa que para su ratificación debe pasar todavía por el Congreso y, posteriormente, otra vez por el Senado —todo lo cual es incierto en cuanto a sus resultados finales—, el sólo hecho de que se haya convertido en tema dentro de la agenda legislativa norteamericana significa que, al menos, están en retirada el silencio y los oídos sordos con los que esta guerra ha sido manejada en los altos círculos de la política internacional.
Además, ese mismo día se registró un avance adicional desde otro frente. En la ciudad sueca de Rimbo, donde por iniciativa de la ONU se hallaban reunidas para negociar las delegaciones yemenitas de los bandos rivales —sunitas y hutíes— hubo humo blanco en el sentido de que el secretario general de la ONU, António Guterres, anunció que se había logrado un acuerdo de alto al fuego para la ciudad-puerto de Hodeida, punto geográfico clave en la costa del Mar Rojo para el ingreso de alimentos, medicinas y demás recursos básicos para la población civil de Yemen.
En la ceremonia de cierre del acuerdo Guterres comunicó que la siguiente ronda de negociaciones quedó programada para finales de enero próximo. La restauración de una relativa tranquilidad para Hodeida representa un importante respiro para la asediada población civil, que verá paliadas algunas de sus necesidades más apremiantes. Lo cual, junto con los movimientos que al respecto se están dando en los círculos legislativos de Washington, constituye, sin duda, una muy buena noticia, a pesar de las enormes dificultades que aún quedan por resolver en el caso de esta dramática guerra, cuyas víctimas se cuentan por millones.
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