La revelación de conversaciones telefónicas en las que el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, daba instrucciones a su hijo Bilal sobre la forma de ocultar millones de dólares en poder de la familia, está siendo la gota que ha derramado el vaso de la paciencia de grandes segmentos de la población turca, respecto a la conducción política del país a manos del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), a cuya cabeza se encuentra Erdogan. Tal como se esperaba, éste ha negado la autenticidad de las grabaciones que lo incriminan, alegando que con la tecnología actual es posible fabricar artificialmente este tipo de pruebas. Sin embargo, dado el historial de actos de corrupción masiva dentro de su gobierno, que se comenzó a descubrir públicamente a partir del 17 de diciembre pasado, la oposición, representada por el resto de las fuerzas políticas, llegó a la conclusión, el martes pasado, de que el gobierno ha perdido su legitimidad y, en consecuencia, debe renunciar.
Pero nada parece indicar que la renuncia esté siendo contemplada por Erdogan, como tampoco una disposición de él a permitir una investigación de las altas instancias judiciales para aclarar las acusaciones. Por el contrario, Erdogan ha elegido la táctica de elevar el tono en sus indignadas peroratas y de apostar a que en las elecciones locales, a celebrarse el 30 de marzo próximo, se refrende el poder de su partido y, por ende, el suyo. Para ello, según se denuncia ya en varios medios, el primer ministro está recurriendo a una política cada vez más represiva de la libertad de expresión, lo mismo que a intentos de criminalizar a la oposición mediante acusaciones diversas. De igual modo, y en prevención a una derrota en las urnas, Erdogan está poniendo en tela de juicio ya, desde ahora, la honestidad del organismo encargado de organizar y supervisar las elecciones (el equivalente a lo que ha sido nuestro IFE mexicano) para poder alegar fraude si, como es previsible, el resultado no le es favorable a su partido.
Uno de los síntomas de que Erdogan siente que el agua le está llegando al cuello es la intensificación de su tendencia a denunciar conspiraciones que intentan desestabilizar a su gobierno. En ese contexto de paranoia son Estados Unidos, la Unión Europea, el lobby internacional de las tasas de interés, las ONG o Israel quienes al no querer que Turquía sea fuerte, conspiran aliados con la oposición local turca a fin de debilitar su mandato personal.
La paradoja inherente a los 12 años de estancia en el poder del AKP es que si bien ha conseguido cifras de crecimiento económico muy positivas, ello ha estado acompañado de una pobre distribución de sus beneficios entre una población que no percibe en sus bolsillos los avances macroeconómicos del país. Además, la represión a la libertad de expresión mostrada una y otra vez mediante la violencia ejercida contra manifestantes que han protestado en las calles, lo mismo que a través del encarcelamiento de periodistas críticos, han desatado un clima de hartazgo entre muchos de quienes en otros tiempos apoyaron al gobierno de Erdogan. Y por otra parte, también juega un papel en el descontento popular la creciente islamización que el AKP ha introducido en la vida pública, tendencia que si bien es apoyada sobre todo en zonas rurales, es resentida por millones de turcos más afines al modelo secular que funcionó en Turquía a partir de las reformas de Kemal Atatürk, hace casi un siglo. Así las cosas, Erdogan y su círculo de colaboradores enfrentan una crisis cuyos niveles de gravedad se mostrarán con mayor claridad en las elecciones locales del próximo 30 de marzo.
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