Concluye el año con niveles de violencia y crimen intolerables para un país que, al mismo tiempo, arranca una nueva época en lo político y en lo económico con una actualización de su principal instrumento comercial. De confirmarse los mejores pronósticos en la materia, tendremos un escenario que se repite, donde los delitos no crecen, pero tampoco bajan, es decir, un estancamiento que sigue cobrando vidas y alejándonos de la paz y la tranquilidad que merecemos.
Si bien es cierto que el crimen se concentra en regiones específicas del país y afecta con brutalidad estados y municipios por razones delictivas muy claras, esto no impide que quienes violan la ley consideren que hay suficientes incentivos para actuar en prácticamente cualquier lugar de la República. Porque debemos reiterar que la mayoría de los criminales está en lo que está por negocio, uno muy bueno en el que el porcentaje de castigo es mínimo, la denuncia es casi inexistente y la corrupción siempre puede arreglar cualquier proceso legal si se cuenta con el dinero necesario para evadir las reglas. Además, la estructura corporativa del crimen, una pirámide similar a la de otras estructuras privadas y públicas, cuenta con diferentes niveles que hacen sentir su poder e influencia dependiendo del delito que hablemos.
Un ejemplo es el huachicol, un delito poco socializado antes de que entrara esta administración, que creció gracias a la corrupción y a la ausencia de autoridades comprometidas con la aplicación de la ley. Comunidades enteras se metieron a un negocio seguro, en el que lo mismo participaron técnicos de Pemex que células de cárteles que vieron una oportunidad en la venta ilegal de combustible, a la par de la comercialización de armas en poblaciones que dejaron todo lo que conocían por unirse a una actividad lucrativa, tolerada e incentivada por quienes debían, evitarla. Las pérdidas eran enormes para el Estado y tuvo al borde de la quiebra a Pemex, mientras el huachicoleo de hidrocarburos y de gas se hacía una mina de oro para parte de las organizaciones criminales mejor preparadas, ya que garantizaba un ciclo perfecto del delito, donde se robaba al gobierno, se revendía el producto y hasta se lavaban las ganancias con estaciones de servicio que operaban como distribuidores.
El combate a este crimen ha recrudecido la violencia en el Bajío y la zona central de la República, lo mismo que la pugna de estas mismas organizaciones por territorios de trasiego de drogas que ya no está protegidos por conexiones oficiales de alto nivel, al menos no como antes hasta donde sabemos.
El reto del próximo año será enfocar la estrategia de seguridad a las zonas que hoy concentran el mayor número de delitos y cerrarle las fuentes de financiamiento y operatividad a las organizaciones mejor articuladas del crimen. Para 2020 también deberá sentirse el impacto de los programas sociales para que muchas familias no caigan en la tentación de aceptar la oferta laboral de la delincuencia y, sobre todo, que los jóvenes dejen de ser la primera línea de reclutamiento de bandas y grupos locales.
La recién aprobada Ley de Amnistía tendrá que sumar a la tarea de procurar justicia y darle una segunda oportunidad a quienes están presos, muchos sin sentencia, por delitos menores o provocados por la pobreza y falta de oportunidades. Contrario a las quejas por esta legislación, su entrada en vigor podría quitarle recursos humanos al crimen.
Tomemos un dato al respecto: en promedio, no sé si haya cambiado este último año, la reincidencia delictiva es mayor al 60 por ciento en México; eso quiere decir que más de la mitad de quienes se dedican al crimen lo hacen como “profesión”. Si la mayoría de éstos son los mismos, entonces también tenemos los mismos policías desde hace más de dos décadas, descontando bajas y jubilaciones. Con policías municipales y estatales mal preparadas, otro desafío será que la Guardia Nacional se consolide como el cuerpo de seguridad nacional con mayor confianza ciudadana y resultados en la prevención y combate de delitos de bajo y alto impacto. Eso no quiere decir que se abandone la asignatura pendiente de tener corporaciones locales bien establecidas.
En resumen, disminuir los delitos es un proceso social, legal y policiaco, que demanda mejoras en la calidad de vida, ingreso, salud, vivienda, educación y empleo, para desbaratar el mundo imaginario del criminal todopoderoso. Podemos hacer mucho como sociedad para ayudar a recuperar la tranquilidad nacional, lo primero, revisar nuestra escala de valores y ponerle voluntad y compromiso civil para denunciar, rechazar al crimen y organizarnos mejor como sociedad.
Artículos Relacionados: