Obtener resultados en seguridad en 2020 necesita que cada estado de la República asuma tareas que durante casi una década quedaron en el olvido o en manos de la corrupción, el dispendio y la impunidad.
Fueron años perdidos en los que los fondos federales destinados a profesionalizar, capacitar y proveer de equipamiento moderno a las policías municipales y estatales, se dilapidaron o fueron empleados con fines políticos y no de seguridad pública. Malas decisiones que obstaculizaron la eficacia de un nuevo sistema de justicia penal que aún tiene muchos retos que enfrentar, mientras pierde la confianza de la sociedad mexicana por la imagen de que los jueces liberan delincuentes en una especie de “puerta giratoria” que provoca importancia y coraje en víctimas y ciudadanos.
Justo estábamos en este círculo vicioso, cuando las elecciones del 2018 le dieron un vuelco a la forma de gobernar en el país y un nuevo proyecto político arrasó en prácticamente todos los puestos de elección popular en competencia. El cambio de régimen se volvió un cambio de época en donde la manera de distribuir los recursos para el principal reto que enfrenta nuestra nación, la inseguridad, se modificó radicalmente.
Estados de la República que dependían de las participaciones y los fondos federales, en particular los de seguridad, vieron recortados sus presupuestos, que ya acarreaban deudas impagables que los tienen al borde de la quiebra, además de malas administraciones que son ejemplo de corrupción generalizada hasta la fecha.
Dar nombres, tristemente, está de más, porque todos sabemos cuáles son las entidades que padecen este recorte, al mismo tiempo que una enorme carga de deuda pública. Si a esto le sumamos un cambio en el comportamiento del crimen y los delitos que le son más lucrativos, podemos entender que haya regiones enteras con municipios donde se concentran hasta la mitad de los homicidios dolosos, por ejemplo.
No olvidemos que uno de los factores indispensables para que el crimen más organizado (y hasta el menos articulado) prospere, es contar con vías de distribución y logística que gocen de la protección de autoridades coludidas o deficientes en su operación.
Ahora muchos gobiernos estatales tendrán la completa responsabilidad de combatir problemas añejos, heredados o agravados por sus propias administraciones, que facilitan la actuación de organizaciones delictivas y hasta su expansión.
Del lado federal tampoco existe mucho margen de maniobra, la desaparición de la Policía Federal y su sustitución con la Guardia Nacional tendrá su prueba de fuego este año, lo mismo que el papel de las Fuerzas Armadas en la reducción de los delitos de alto impacto y la contención de grupos criminales que ya exhibieron un poder de fuego y combate alarmante.
La colaboración de los estados y de la Federación para quitarle recursos humanos a estas organizaciones también será fundamental para lograr resultados en todo el territorio, pero en especial en las regiones más convulsionadas. Las y los jóvenes mexicanos no son el ejército de reserva del crimen, sino su primera línea de reclutamiento y sacrificio; alejarlos de la fantasía de una vida de riqueza rápida y poder es una tarea de la sociedad entera, así que tenemos mucho que hacer para ayudar en ello.
Por la experiencia que hemos tenido a lo largo de los últimos sexenios podemos asegurar que en política nunca han sobrado los pretextos; sin embargo, muchos gobiernos estatales no podrán escudarse en el gobierno federal por mucho tiempo más, lo mismo que la administración de la República no puede dejarle todo a las entidades y tampoco nosotros, los ciudadanos, no podremos dar el lujo de seguir pasivos frente a la principal demanda que exigimos -vivir en paz- y que, sin ella, no habrá crecimiento, desarrollo, tranquilidad, ni futuro.
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