El crecimiento del PIB en el primer trimestre del año, 4.6%, en relación a igual lapso del 2010, fue inferior al 5.0% previsto por los analistas. En este ámbito, se considera que el ritmo de avance fue satisfactorio, empero, insuficiente para abatir el rezago existente en la creación de empleos en la República; el desempleo a nivel nacional se ubica entorno al 5.0% y al sumar el subempleo el porcentaje supera el 22.0%; por lo demás, preocupa que en la gestión de la actual administración del total de plazas generados formalmente, aproximadamente el 50.0% representan contrataciones eventuales.
El entorno laboral se ha vuelto más complejo en virtud de que una de las válvulas tradicionales para el desempleo, la emigración de la mano de obra al exterior, fundamentalmente a EUA, enfrenta mayores dificultades de acceso a ese país debido a la desaceleración de la actividad productiva en el mismo, que no solo ha significado una menor oferta disponible de empleos, sino también despidos de la planta laboral; adicionalmente, se han establecido nuevas regulaciones en varios Estados de la Unión con el fin de impedir el ingreso de trabajadores ilegales. Por otra parte, los movimientos migratorios de trabajadores hacia EUA se han encarecido y ahora son más riesgosos por que son controlados por la delincuencia organizada. Los factores enumerados y la ausencia de una decisión política para que en el Congreso se apruebe una Reforma Laboral, han propiciado el ensanchamiento de la economía informal, la cual se estima representa alrededor de un tercio del PIB.
Cabe destacar que el adelanto de la actividad económica el año pasado y en el presente ejercicio, en buena medida se ha generado en las grandes empresas, sobre todo las que a través de la exportación se han vinculado a las cadenas productivas de EUA, como es el caso de la rama automotriz.
Las compañías medianas y pequeñas registran un crecimiento más moderado al estar orientada su producción al mercado interno, el cual aún no recupera los niveles de actividad previos a la crisis del 2009.
El desempeño de la economía también reciente la incertidumbre derivada del deterioro del entorno político, en buena parte causado por la apatía de los funcionarios públicos que descuidan sus tareas ante su involucramiento en el proceso electoral del 2012; igualmente los legisladores están más interesados en este último que en legislar. Las propuestas electorales de los partidos enfatizan la descalificación de sus adversarios, y como en el pasado, multiplican promesas demagógicas para promover el bienestar de la población. La ciudadanía está harta de promesas incumplidas y a la vez muestra incertidumbre ante la expansión de la delincuencia organizada, frente a una intolerable impunidad en la impartición de la justicia, que está alentando a que la gente busque hacerse justicia por su propia cuenta, lo que ha generado dosis adicionales de violencia. En este sentido, en el Índice de Estado de Derecho 2011, del Proyecto de Justicia Social, se coloca al Sistema Judicial de México en el sitio 63 entre 66 naciones; la calificación reprobatoria en este campo se relaciona con los altos niveles de corrupción e impunidad con las que opera.
Preocupa que las señales que envían los partidos a los electores carezcan de contenido ideológico, lo que junto con la erosión de la imagen del IFE, por insuficiente transparencia y parcialidad de una parte de sus funcionarios, afecte la legitimidad de las elecciones del 2012.
Las expectativas favorables que se crearon alrededor de la alternancia política en el 2000 para un cambio de las estructuras del poder a fin de permitir un verdadero sistema democrático en México, son inexistentes para los comicios del 2012. El PAN en tres lustros de gobierno ha mantenido la política clientelar de sus predecesores; el combate a la corrupción ha sido un mito y no ha tenido voluntad política para someterse al escrutinio público.
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