Diario Judío México - Nuevamente estamos ante la presencia de una contienda campal entre los gigantes de las telecomunicaciones TELMEX y TELEVISA/AZTECA con intervención de organismos del Estado, que supuestamente deberían regular ese mercado, la COFECO y la COFETEL.

Por su parte, el IFE sigue recibiendo el acoso de TELEVISA/AZTECA con el propósito de ir desdibujando el modelo de relación con los medios de comunicación derivado de la Reforma Electoral del 2007, cuyo resultado fue la pérdida para las televisoras de un negocio millonario por las campañas políticas de los partidos.

Otro frente de batalla se encuentra en el tema de los llamados “productos milagro” en cuya publicidad se gastan también excesivas cantidades de dinero por lo que son realmente los medios de comunicación los más interesados en que la COFEPRIS, otro órgano regulador del Estado, no intervenga en poner orden en ese mercado.

En este contexto, son muy pocos los servidores públicos que se atreven a enfrentar al avasallante poder de los monopolios de las telecomunicaciones y son mucho más los que aceptan el canto de la sirena y se rinden a estos poderes fácticos que crecientemente dictan las políticas del cada vez más famélico Estado Mexicano. Muchos de ellos lo hacen por ideología al ser firmes creyentes del mercado, de la inversión privada, de la desregulación y de ver al Estado sólo como promotor y protector de negocios; otros por cinismo puro y no pocos, por corrupción.

En alguna época las relaciones de subordinación entre medios y clase política eran favorables a ésta última, pues controlaban a los medios de comunicación, mediante el otorgamiento o cancelación de concesiones y publicidad, o eran directamente los dueños y socios de los medios. El poder alcanzado por las televisoras en la actualidad, determina que no haya un solo político mexicano, ni siquiera el Presidente de la República, que se atreva a tocarlas con el pétalo de una rosa o incluso, a tomar algunas decisiones de Estado sin consultarlas.

Frente a este déficit de Estado y subordinación de la clase política, los ciudadanos estamos cada vez más indefensos ante los dueños de las telecomunicaciones en el país. Nuestros derechos a la participación política, a la información y a la libertad de expresión se encuentran sistemáticamente conculcados y violentados, ante un Estado omiso en el cumplimiento de sus obligaciones.

Pero no son sólo los derechos mencionados los que son violados también se vulneran otros como:

a) El derecho a un nivel de vida adecuado en razón de las elevadas tarifas que tenemos que pagar por los servicios de telecomunicaciones, comparativamente con las que se pagan en otros países;

b) El derecho a “tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” en razón, por una parte, de la imposición de modelos culturales, de producciones extranjeras y de estereotipos de artistas de acuerdo a los criterios de los dueños de los medios, y por otra, debido al deficiente y lento acceso que padecemos en materia de innovaciones tecnológicas en telecomunicaciones.

c) También se violan nuestros derechos a la salud y a la alimentación mediante la publicidad engañosa sobre las cualidades y beneficios de determinados productos o servicios como es la mencionada promoción de productos “milagro”.

d) Varios otros derechos también son conculcados sistemáticamente por los medios de comunicación como el de no discriminación, el de igualdad de género, el derecho de réplica, incluso el derecho a la educación al privilegiarse contenidos de entretenimiento, muchos de ellos absolutamente deplorables, por sobre los educativos.

Los medios de comunicación, en especial la televisión, son clave en la organización de la vida social. En la actualidad, es imposible hablar de ciudadanía sin tomar en cuenta a los medios como sostiene Norma Pareja Sánchez.

Lamentablemente en , la relación entre medios y ciudadanía es una relación subordinada, en donde los ciudadanos carecemos de mecanismos para interpelar a los primeros o en su caso, de medios públicos verdaderamente autónomos donde se ensanchen las posibilidades de participación ciudadana, de acceso y difusión de información y de comunicación en la diversidad.

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Estudio economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e inició su trabajo profesional como investigadora del Banco de México, de El Colegio de México (Colmex) y de la Dirección General de Estadística.Trabajó por 20 años en el Gobierno Federal como Directora General del Empleo, del Instituto Nacional del Consumidor, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral y concluyó como Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Pesquero.Dejó el Gobierno Federal en 1991 y se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia. Fue presidenta de ACUDE (Acuerdo Nacional para la Democracia), participó en la creación y fue parte de la primera coordinación de Alianza Cívica, socia fundadora de GIMTRAP y de Causa Ciudadana APN y actualmente es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social AC.Fue miembro del Comité Técnico para la Auditoria del Padrón Electoral en 1994 y directora del Registro Federal Electoral en 1997. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing de1995.Participó como Secretaria de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático del Distrito Federal de 1997 al 2000.En 2003 fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en la materia, encargándose de varios apartados del Capítulo de DESC y del relativo a derechos humanos de las mujeres. En 2008 colaboró en el diagnóstico de derechos humanos de Guerrero con el capítulo sobre DESC.En 2004 y 2005 coordinó la elaboración de un análisis sobre la Realidad Social en Ciudad Juárez, y de 2006 a 2009 promovió y participó en los Comités Conciudadanos para la Observación y la Reforma Electoral. Participa como docente y conferencista en varios diplomados en los temas de Desarrollo y Política Social, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Políticas hacia las Familias, Desigualdad Social, Sector Informal y mercados de trabajo y Desarrollo de la Sociedad Civil.Es miembro del Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Demografía, del Consejo del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana; y ahora miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).