Diario Judío México -

Esta semana un tema importante en los medios ha sido el anuncio de la Cruzada contra el Hambre realizado por Enrique Peña Nieto el pasado 21 de enero en Las Margaritas, Chiapas. Esta Cruzada se centra en la atención de 400 municipios y dentro de ellos 7.4 millones de mexicanos cuya condición es de pobreza extrema y carencia alimentaria severa. La población potencial de la Cruzada representa 63.2% del total de la población en pobreza extrema del país.

Un aspecto interesante de la Cruzada es que no sólo incluye a población rural sino que también considera a personas en condiciones de pobreza extrema en grandes ciudades como Tijuana, Chihuahua, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, León, Cuernavaca, Morelia o Monterrey, entre otras.

Sin conocer al detalle su contenido varios analistas y organizaciones la han descalificado diciendo que se trata nuevamente de una intervención de tipo asistencialista del gobierno en la cual se entregarán despensas, dinero o alimentos a la población sin fortalecer sus capacidades de generación de ingresos o de producción de alimentos. Lamentablemente el abuso de programas de asistencia social con fines clientelares han hecho que en nuestro país se tenga una enorme desconfianza a todo aquello que signifique entrega de beneficios a personas y familias en situación de vulnerabilidad sin una contraprestación de los beneficiarios. Aún cuando en el programa Oportunidades las transferencias monetaria a las familias generan la obligación de que estas aseguren que los niños y niñas acudan a la escuela y su salud sea verificada periódicamente, para muchos especialistas este programa es considerado como “asistencialista” pues no tiene una salida productiva para las personas que han recibido los apoyos.

Pero es necesario reconocer que la de desarrollo social incluye programas y medidas de asistencia social pues existen muchas personas a las cuales la sociedad tiene que apoyar dado que no tienen ni la edad, ni las condiciones físicas y de salud para valerse por sí mismas durante ciertas etapas de su vida o en forma permanente por situaciones de discapacidad.

Por las declaraciones de Rosario Robles Secretaria de Desarrollo Social y del presidente Peña Nieto, parecería ser que la Cruzada contra el Hambre incluye tanto medidas de asistencia social para los grupos de población que así lo requieren, como medidas de fortalecimiento de capacidades productivas y de oportunidades de generación de ingresos para las personas que tengan la edad y/o los recursos productivos para superar sus condiciones de pobreza extrema y sostenerse en el mediano plazo.

Así el primer reto de la Cruzada es poder definir con claridad el tipo de apoyos pertinentes y las acciones para hacérselos llegar a los diferentes grupos de población por edades, ubicación territorial, cultura y disponibilidad efectiva de recursos de trabajo y de producción. Es decir una que reconozca necesidades diferenciadas.

Otro reto que se observa en lo poco que se conoce sobre el contenido específico de la Cruzada es que al parecer los recursos para la misma se obtendrán a partir de alinear 70 programas en operación en diversas áreas de gobierno y se buscarán concertaciones con los gobiernos estatales y municipales para evitar duplicidades. La experiencia indica que esta es una tarea titánica, lenta y poco sustentable. Los intereses creados de los beneficiarios, los operadores, los proveedores y los políticos que giran en torno a cada programa dificultarán mucho su conversión a los objetivos de la Cruzada. La mejor manera de lograrlo es una alianza con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que condicione el otorgamiento de los presupuestos de los programas a que realmente se apeguen a los objetivos, criterios y reglas de la Cruzada. Sin embargo los funcionarios de Hacienda históricamente poco entienden de programas sociales.

Un tercer reto tiene que ver con la apuesta que hace la Cruzada a la participación comunitaria y la movilización de las personas para erradicar el hambre. Un tema complejo en un país que poco ha alentado la organización y participación ciudadana, tampoco se han desarrollado esquemas eficientes de voluntariado y además las comunidades están muy divididas por los enfrentamientos entre partidos políticos. Este reto en si mismo demandaría de un comentario aparte.

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Estudio economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e inició su trabajo profesional como investigadora del Banco de México, de El Colegio de México (Colmex) y de la Dirección General de Estadística.Trabajó por 20 años en el Gobierno Federal como Directora General del Empleo, del Instituto Nacional del Consumidor, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral y concluyó como Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Pesquero.Dejó el Gobierno Federal en 1991 y se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia. Fue presidenta de ACUDE (Acuerdo Nacional para la Democracia), participó en la creación y fue parte de la primera coordinación de Alianza Cívica, socia fundadora de GIMTRAP y de Causa Ciudadana APN y actualmente es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social AC.Fue miembro del Comité Técnico para la Auditoria del Padrón Electoral en 1994 y directora del Registro Federal Electoral en 1997. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing de1995.Participó como Secretaria de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático del Distrito Federal de 1997 al 2000.En 2003 fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en la materia, encargándose de varios apartados del Capítulo de DESC y del relativo a derechos humanos de las mujeres. En 2008 colaboró en el diagnóstico de derechos humanos de Guerrero con el capítulo sobre DESC.En 2004 y 2005 coordinó la elaboración de un análisis sobre la Realidad Social en Ciudad Juárez, y de 2006 a 2009 promovió y participó en los Comités Conciudadanos para la Observación y la Reforma Electoral. Participa como docente y conferencista en varios diplomados en los temas de Desarrollo y Política Social, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Políticas hacia las Familias, Desigualdad Social, Sector Informal y mercados de trabajo y Desarrollo de la Sociedad Civil.Es miembro del Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Demografía, del Consejo del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana; y ahora miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).