Ciudadanos, que es la última esperanza electoral de una España no podrida, está a punto de consumar su error crítico. Si un súbito arrebato de inteligencia no lo impide. Un imprevisto en los juegos electorales puso al partido socialista andaluz al borde del abismo. Y sin asidero. No es siquiera necesario darle un piadoso empujoncito. Basta con esperar a verlo despeñarse. Sólo después, podrán darse las condiciones que permitan una sanación de la terminal podredumbre española.
No simplifico. Sé –cualquiera que se esfuerce en mirar y analizar lo sabe– que política y delincuencia no son lo mismo. Sé también que se imbrican peligrosamente. Y que hay zonas en las cuales su solapamiento es completo. Lo de Andalucía, a lo largo de estos 37 años no ha sido política. Más que como cobertura accesoria. Bajo ella, una tumultuosa torrentera de delito ha vivido de la extorsión a toda España. Y ha permitido a los socialistas andaluces comprar bolsas de voto preciosas tanto para el control de su región cuanto para el chantaje al parlamento y al gobierno nacionales. Cuando el dinero que viene de España y de la UE para promover el ascenso de una tierra anclada –con admirables excepciones– en la improductividad y el anacronismo es repartido por un poder arbitrario durante cuatro decenios, hablar de voto democrático parece un agrio sarcasmo.
El dinero de las ayudas ha sido administrado por un colectivo corrupto –no un colectivo de corruptos, un colectivo corrupto–, cuyo bien planificado objetivo era doble: garantizar sus personales finanzas y aprisionar una clientela cuya vida en los márgenes de lo legal dependiera de la benevolencia de sus amos. La operación ha funcionado con admirable ausencia de sobresaltos. Hasta ahora, cuando los jueces comienzan a llamar a la puerta de los altos dirigentes de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista en Andalucía, de los sindicatos andaluces… Cuando ningún cargo de ninguna institución del Régimen allí alzado se sabe a salvo de acabar en la cárcel. Ninguno.
Y, ahí, las reglas que rigen el juego de los pactos de gobierno en una sociedad democrática quedan trastrocadas. Y, entonces, invocar lo “normal”, sin más, se convierte en el mayor engaño. No hay normalidad tras 37 años de gobiernos delincuentes. Y en ese punto es en el que Ciudadanos está al borde de cometer su error crítico. Su subsecretario general, José Manuel Villegas, lo formulaba en términos de lo que sería, en efecto, la lógica de un noble juego entre partidos respetables: “No hay más remedio que cambiar de cultura política y no criminalizar los pactos, porque nos encaminamos a un escenario general sin mayorías absolutas”.
Pero es que, en Andalucía, el grupo de Díaz, Chaves, Griñán y todos los ERES y todos los robos, no es un partido, en el sentido noble del término. Es una organización cuyos miembros –cada uno en su nivel– han expoliado todo lo expoliable y están a punto de ser constreñidos judicialmente a pagar por ello. Una sórdida red de ayudas mutuas. No, no se trata de “criminalizar los pactos”. Sí, el delito: 37 años de robo en banda organizada. Y con eso nadie puede, en básica decencia, “pactar”. Salvo que acepte la corresponsabilidad en su fechoría.
Ciudadanos es hoy la única esperanza nacional de renovar el juego electoral en este país podrido. Si acepta también pudrirse, no quedará ya nada. Nada. Y los electores le pasarán cuenta en las generales. Y también esto acabará mal. Igual que casi siempre todo en la política española.
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