Diario Judío México - No es que una transición como ésta resultara sencilla. El deterioro del sistema político y económico, que apenas terminó, tiene profundas contradicciones con el que ha llegado, y la convivencia de poderes (los institucionales y los de facto) no podía ser cordial para siempre.

Ya en funciones, el nuevo gobierno enfrenta el desafío de avanzar en su agenda y, al mismo tiempo, modificar el equilibrio de fuerzas que ha tomado decisiones durante las cuatro décadas recientes. En dos semanas, las resistencias son evidentes y las negociaciones ante éstas ya son pan de cada día.

No es para menos. La votación de julio pasado fue un grito social para que hubiera un cambio en el sistema. El riesgo es que éste se fundamente en la descalificación o la desinformación lisa y llana. El campo de las redes sociales está muy lejos de ser un termómetro confiable de nuestro estado de ánimo, pero es un reflejo inquietante de hasta dónde estamos dispuestos a llegar con tal de tener la razón.

En este escenario, reconciliarnos se está convirtiendo en una prioridad, no sólo . Diariamente, la discusión pública está influida por posiciones que buscan defender los intereses propios, por encima del interés general.

Esta semana cierra con varios ejemplos; el más relevante, la aparente disputa entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Para el ciudadano común, los argumentos de uno y otro lado no abonan a la tranquilidad que desearíamos, y de los famosos mercados, mejor ni hablar. Lo cierto es que cada lado lanza sus razones más con un afán de justificación, que de respuesta a una necesidad de construir instituciones confiables.

Porque no es ninguna noticia que los tres poderes necesitan de una estrategia para ganarse el aprecio de la ciudadanía. Ni los servidores públicos, los legisladores o los jueces y magistrados, gozan de buena reputación e, incluso pareciera que, en algunos de sus integrantes, eso es lo que menos quita el sueño.

Desde el magistrado aficionado a los habanos y a los relojes de lujo, hasta la doble fila de vehículos de representantes populares afuera de Palacio Nacional, el mensaje a la sociedad es de continuar con los excesos en un país lleno de necesidades básicas.

Si bien cualquier democracia sólida requiere de una auténtica división de poderes, el fondo es cuándo es importante reflejarla. Hacerlo por defender los salarios puede no ser un buen momento, en el contexto de la urgencia por abatir la histórica desigualdad en la que vive la mayoría.

Contrarrestar la defensa de las prestaciones con el reproche o la advertencia de que se hará de todos modos, tampoco necesariamente incrementa la confianza en la manera en que actúan los legisladores de la nueva mayoría.

Existen otros botones de muestra, aunque su resultado tiene un denominador común: dos o tres días después, el titular del Ejecutivo tiene que salir a tranquilizar la situación, lo que lo coloca en coyunturas de desgaste que no necesitamos como nación.

No olvidemos que estos son los poderes y estas son las instituciones que tenemos. Si están lejos de lo ideal, es hora de que participemos para mejorarlas y, de una vez por todas, confiar en ellas. Descalificar a cualquiera de los tres poderes o a las instituciones existentes, sin contar con elementos de juicio o información real, va en contra de todos.

Ayuda mucho empezar con un ejercicio de reconocimiento básico: decirnos y pedir que nos digan la verdad. El hecho de que no pensemos de la misma manera, de ninguna forma significa que no podamos llegar a acuerdos mínimos para crecer. La división es una de las explicaciones de nuestra falta de crecimiento y de la abrumadora desigualdad que alimenta problemas como la inseguridad, la falta de empleo digno o de servicios de salud suficientes y universales.

Conforme avance el tiempo, la unidad nacional que requiere el cambio de época que estamos viviendo no podrá ser opcional. El futuro depende de mantenernos unidos. Ni más, pero tampoco menos.