Durante años, círculos de extrema derecha tratan de descarrilar medidas diplomáticas adoptadas por gobiernos israelíes. Uno de los tantos métodos es elaborar leyes que postulan la cesión de territorios con aprobación de la mayoría absoluta de la Knéset o por referéndum. Esta semana, el gobierno se unió a uno de los Parlamentos más derechistas de la historia del Estado para restringir la capacidad de maniobra que la conducción política necesita en el proceso de paz.
Los ministros del Partido Laborista, ausentes en el momento de la votación, no hicieron más que propiciar una grave consecuencia. En un momento en el que las inquietudes de muchos ciudadanos israelíes, así como las de los mejores amigos de Israel en todo el mundo, no pueden aún resolver sus cuestionamientos acerca del nivel de compromiso del primer ministro Binyamín Netanyahu para la solución de dos Estados, su oficina se convirtió en el lobby perfecto en apoyo de una ley de referéndum elaborada por la línea más dura de su partido.
Los partidarios del dictamen no se cansan de señalar el hecho de que los plebiscitos constituyen un instrumento democrático legítimo utilizado en muchos países importantes y que tienen el fin de involucrar a la población en decisiones trascendentales. De hecho, la gran mayoría de los referendos en el mundo se ocupan de asuntos internos. En nuestro caso, sería interesante, por ejemplo, preguntar al pueblo si está dispuesto a seguir otorgando enormes subsidios a comunidades ultraortodoxas que se rehusan a enseñar a sus hijos materias básicas, no se alistan en Tzáhal ni integran el mercado laboral. Pero lo que aquí se pretende es darle a la ciudadanía el poder de veto en decisiones cruciales sobre política exterior y cuestiones de seguridad.
El objetivo que se persigue es influir directamente en el destino de cientos de miles de personas que ahora viven bajo la ocupación militar israelí. Cualquier ciudadano realista puede entender que la reestructuración de la soberanía en Jerusalén es una condición necesaria para alcanzar un acuerdo con los palestinos y que todo intento de negociaciones serias con Siria deberá tomar en cuenta el estatus de los Altos del Golán..
Esta nueva ley del referéndum constituye un duro golpe bajo para la comunidad internacional; arroja una larga y pesada sombra sobre el compromiso de Israel con las resoluciones de las Naciones Unidas, e incluso con los acuerdos internacionales con los que el Estado está comprometido. Al igual que todas las acciones diplomáticas con los países árabes vecinos, las negociaciones con los palestinos se basan en las resoluciones 242 y 338 de la ONU, que exigen una retirada israelí de territorios conquistados en 1967. En la Hoja de Rutas y en la Declaración de Annápolis, Israel se comprometió con total responsabilidad a emprender negociaciones que habrán de “poner fin a la ocupación iniciada en 1967”.
Hasta el día de hoy, ningún país reconoce las decisiones unilaterales de Israel de imponer su ley y autoridad administrativa en las tierras anexadas a Jerusalén Occidental, así como en los Altos del Golán.
Acuerdos de paz, declaraciones de guerra, intercambios de prisioneros o cualquier tipo de acciones militares, no pueden ser sometidos a plebiscitos. Un gobierno democrático – cualquiera sea – no puede renunciar a su obligación y responsabilidad de tomar decisiones cardinales. Para ello exactamente fue electo. Si se considera imposibilitado, debe dimitir.
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