Es mi afán dejar sentadas algunas pinceladas generales sobre el difícil tema de la inmigración aquí en los Estados Unidos, para que mis conciudadanos ecuatorianos, en especial santo dominguenos y los lectores del Diario Judio, se interesen sobre este tema muy debatido y que enfrenta a los dos partidos más importantes: demócratas y republicanos, que buscan liderar el espectro político, con proyectos que se cruzan en sus objetivos, pero que circundan todos en buscar la manera de solucionar la vida de más de 11 millones de indocumentados, que es la cifra oficial, sobre la cual nadan las ideas renovadoras y salvadoras. La prensa especializada de este país, indica que todo proyecto que se dirija a reformar las leyes migratorias debe ser exhaustivo; un enfoque parcial ideológico que se centre solo en la seguridad fronteriza, ignorando a los trabajadores migratorios o viceversa, está condenado al fracaso. Las aristas que genera la inmigración son multifacéticas, dos de ellas dejan mutis a los entendidos: el crecimiento descomunal de su número anual de inmigrantes, que supera las 700.000 personas; y por otro, las medidas de control impuestas por los gobiernos de turno, todas ellas, incidiendo sobre la dignidad personal y otras implantando descomunales inversiones en muros, que lejos de detener al inmigrante, estimula las ideas de evadirlo, manteniendo en vilo a la sociedad estadounidense.
Por sobre el interés demostrado por el actual presidente Bayden sobre esta agudo tema, asoma a mi juicio, un interesante proyecto, que su autora, la representante republicana por Florida María Elvira Salazar, lo presentará a la cámara baja en la presente semana, proyecto denominado “Dignidad” y que ajustado a este corto espacio disponible, busca ofrecer dignidad y salir de la “sombra” como indica, a los indocumentados, basando su propuesta en 3 aspectos básicos: 1) lograr el cierre total de las fronteras; 2)
Reformar las leyes de asilo político y 3) Deportar a maleantes, criminales y quienes hayan infringido la ley, reformando la parte legal, que evite o elimine la acción de los jueces. Busca para los Drimer, un estatus legal inmediatamente, otorgando libertad para salir del país o regresar, si así lo deciden; y para el resto de indocumentados, que tengan 5 años de permanencia en el país, que hayan pagado sus impuestos y tenido buen comportamiento, darles permiso de trabajo y garantías para su permanencia. Cumplidos los 10 años en ese estado, estarían en libertad de solicitar residencia, para lo cual deben demostrar saber inglés, cívica e historia, condiciones que lo pasarían a un estado de “Redención”, según su autora.
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