Un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en contra de David Nanes Schnitzer, quien como presidente de Grupo Stanford estafó a miles de inversionistas en el país durante la década pasada.

Los cargos contra él fueron reforzados y se le acusa de diversos delitos financieros y bancarios contemplados en la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Penal Federal.

La orden fue dictada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Procesos Penales del Distrito Federal, Mario Ariel Acevedo Cedillo, quien desde el 16 de abril de 2009 había aprobado su detención por “captar recursos del público de manera ilícita”.

Con esta resolución, quedó disuelto el amparo a favor del “defraudador” concedido meses atrás por Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, quien había solicitado a Acevedo Cedillo motivar aún más las conductas delictivas, por lo cual el hoy considerado “criminal de cuello blanco” puede ser capturado en cualquier momento.

De acuerdo con los argumentos del juzgador, Nanes promovió operaciones con fondos de inversión rechazados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en desapego total a las leyes mexicanas en la materia.

Incluso, señala que forzó a las personas a realizar inversiones de alto riesgo. Para esto, “utilizó a la entidad financiera extranjera Stanford International Bank LTD, ubicada en la Isla de Antigua y, como intermediario, a un banco suizo de nombre Credit Agricole.

Refirió que violó el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito que prohíbe a personas físicas o morales “captar directa o indirectamente recursos del público en territorio nacional, mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otro acto causante de pasivo directo o contingente, quedando obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados”.

Este delito, de acuerdo con el artículo 111 de la misma norma, es sancionado con prisión de cinco a quince años y multa de quinientas a cincuenta mil veces el salario mínimo general vigente en el DF.

El juez Acevedo aludió al artículo 13 del Código Penal Federal, el cual describe que son autores del delito “los que acuerden o preparen su realización o los que lo realicen por sí”.

Para completar el expediente, hubo colaboración de la Procuraduría Fiscal de la SHCP, de la CNBV y de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR, encabezada por Imelda Calvillo Tello, la cual concluyó que “El simple hecho de captar recursos es delito bancario y, conforme al estudio jurídico realizado, la conducta del sujeto se encuentra en un tipo penal abierto”.

La propia dependencia confirmó hace meses que Nanes era protegido por el anterior fiscal Julio Alejandro Oliva Saldaña, prófugo de la justicia, y quien en principio obstaculizó investigaciones a cambio de unos 18 millones de pesos.

Sin embargo, el acusado no ha podido ser arrestado, porque huyó de y hoy es buscado.

El amparo de la juez Robledo Magaña se había derivado de un recurso de queja interpuesto por los abogados del “timador”, del despacho Cárdenas-Amerena -que ha defendido a otros “pillos”-, quienes argumentaron que uno de los afectados declaró durante el proceso como testigo y no en calidad de víctima, por lo que era necesario someterlo a un interrogatorio, táctica que en su momento fue etiquetada por perjudicados como “dilatoria y tramposa”.

* Para ver un Comunicado de Prensa de la cnbv.gob.mx sobre antecedentes sobre este caso, oprima aquí.

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