El Tribunal de Distrito de Jerusalem ordenó que se embarguen unos 500 millones de shekels a la Autoridad Palestina (AP) por daños civiles por una serie de ataques terroristas llevados a cabo principalmente durante la Segunda Intifada.
A pesar de las importantes implicaciones diplomáticas, no hubo señales del Ministerio de Relaciones Exteriores o del Ministerio de Justicia de interpinerse.
El juez Moshe Drori dictaminó que la Autoridad Palestina era responsable en julio de 2019, pero desde entonces Shurat Hadin, en nombre de las familias de ocho víctimas y en relación con 17 denunciantes, tuvo que probar los daños.
Aunque los daños pueden llegar a mil millones de shekels, debido a las complejas implicaciones diplomáticas, el juez Moshe Sobol (Drori ya se retiró) dictaminó que, en esta etapa, los daños recaudados rondarán los 500 millones y que se distribuirán entre múltiples componentes.
Algunos de los fondos serán en compensación por los pagados por la AP a terroristas en prisión y a sus familias, mientras que otros se recaudarán de los más de 500 millones que Israel le transfiere en impuestos aduaneros mensualmente.
La idea es que solo una fracción se utilizará cada mes para pagar el juicio, mientras que la mayoría irá a la AP para no causarle una crisis financiera.
Las 17 quejas provienen principalmente del período 2000-2002 durante la Segunda Intifada, incluida el «Linchamiento de Ramallah», en 2000.
Una reclamación se remonta a 1996 cuando hubo un ataque en la Tumba de José.
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