Un aspecto bastante crítico del fenómeno de las manifestaciones propalestinas o más bien proterroristas en las universidades de EEUU —irónicamente iniciadas tras la perversa magnitud de la masacre perpetrada por el grupo genocida Hamás el 7 de octubre del año pasado en el sur de Israel— son las irracionales exigencias de los revoltosos y, peor aún, la claudicación de las autoridades universitarias al negociar con quienes dañan a las propias instituciones, aceptando el vil chantaje.
A fines del este último mayo, como parte de la investigación acerca de las inoperantes respuestas de las universidades al antisemitismo de las violentas protestas, en una audiencia ante la Comisión de Educación y Personal Laboral de la Cámara de Representantes, los rectores de las universidades Northwestern (Illinois) y Rutgers (Nueva Jersey) defendieron su decisión de desmantelar los campamentos mediante negociaciones y no con el uso de la fuerza policial. Sin embargo, estas mismas autoridades universitarias permitieron que los incidentes antisemitas fueran incrementándose durante meses hasta constituir una verdadera afrenta a las leyes estadounidenses, a la libertad personal, de culto e incluso de expresión, que con cinismo esgrimen los alborotadores para sí, pero que la coartan a los judíos. Cuando esta situación llegó al paroxismo, las ineptas autoridades universitarias recién decidieron actuar, no tanto para evitar una posible tragedia sino para poder celebrar los actos de graduación con un mediano orden, y no hallaron idea más “idónea” debido a su propia urgencia que negociar con los vándalos.
Con razón, la mayoría de los representantes de dicha Comisión del Congreso acusaron a las autoridades universitarias de tolerar el antisemitismo, con particular crítica hacia los presidentes de Northwestern y Rutgers, que llegaron a acuerdos para finalizar las protestas.
Un asunto común en las demandas de los “acampantes” en las universidades fue el que se perdone a todos los arrestados durante las violentas manifestaciones, sin consecuencias en la continuación de sus estudios, y la inmediata liberación de todos los detenidos, incluso de los que no eran alumnos sino camorristas tarifados, que constituyeron aproximadamente del 30 al 40% de los que protestaban.
Funcionarios de Northwestern anunciaron un acuerdo con los cientos de estudiantes que por días estuvieron manifestando en contra de Israel. En respuesta a sus demandas, la universidad señaló que, en otoño, restablecerá su comité asesor sobre responsabilidad de inversión, el cual incluirá una representación de estudiantes, profesores y personal. En realidad, como muchos comentaron, las autoridades de Northwestern sucumbieron a las demandas de una turba que ha intimidado a los estudiantes judíos, ha promovido el discurso antisemita y ha celebrado a los terroristas de Hamás, ante la indiferencia de los garantes de la universidad.
Con desfachatez, y pese a que muchos de los incidentes fueron protagonizados por intrusos, Northwestern afirmó que estudiantes, profesores y miembros de la administración llegaron a un acuerdo a cambio del retiro inmediato de las carpas, el cese del sonido amplificado y el compromiso de que en el campus se cumplirá con las reglas. El acuerdo aborda “el compromiso de proteger la seguridad de toda nuestra comunidad, y garantizar la continuidad de las actividades académicas de nuestro campus mientras respetamos nuestro apoyo a la libre expresión. El acuerdo incluye apoyo a nuestros estudiantes musulmanes, árabes y palestinos”, cuando en realidad los únicos que han enfrentado un verdadero peligro han sido los miembros judíos de esa comunidad universitaria. Como parte del acuerdo, Northwestern financiará la matrícula de cinco estudiantes universitarios palestinos, y contratará a dos profesores palestinos visitantes. La universidad también acordó proveer un espacio temporal en el campus para estudiantes musulmanes y del Medio Oriente.
Todos estos casos de violentas manifestaciones, hostigamiento y agresiones antisemitas fueron desatendidos desde sus inicios por las respectivas autoridades universitarias, quienes deberían afrontar ahora las secuelas de su negligencia
La Universidad Brown (Rhode Island) cedió seis días después de que los manifestantes armaron un campamento; así, la junta directiva anunció un acuerdo para considerar la desinversión en “empresas que facilitan la ocupación israelí de territorio palestino”. Brown se comprometió a que su junta directiva votará en septiembre si retiran o no sus inversiones en Israel.
En la Universidad Rutgers, los estudiantes desmantelaron su campamento luego que la universidad anunció que aceptará inscribir a 10 estudiantes palestinos, y la rectora Francine Conway también se reunirá con los manifestantes para discutir el tema de la desinversión.
Llama la atención que en todos los casos son semejantes los arbitrarios reclamos de los revoltosos (¿estará vinculado el movimiento BDS? ¡Sospechoso!), se pospusieron para más adelante, y eso significa que volverán a estallar. Todos estos casos de violentas manifestaciones, hostigamiento y agresiones antisemitas fueron desatendidos desde sus inicios por las respectivas autoridades universitarias, quienes deberían afrontar ahora las secuelas de su negligencia. Cuando ya no tuvieron más remedio, escogieron la inútil fórmula del apaciguamiento; la experiencia y hasta la historia nos demuestran categóricamente que ese recurso no sirve, sólo aplaza la toma de medidas serias y eficaces como la aplicación de las leyes y la justicia; ante lo cual sería ejemplarizante que las organizaciones judías y las víctimas decidan, de una vez, presentar demandas debido al ambiente de persecución y discriminación que la irresponsabilidad de las directivas universitarias, por acción u omisión, han ayudado a crear.
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