Treinta años después del atentado contra un centro comunitario judío en Buenos Aires, la Corte Internacional de Justicia condenó el papel del gobierno argentino antes y después del ataque. El Tribunal de Derechos Humanos de Estados Unidos dictaminó que las autoridades no tomaron medidas para prevenir el ataque ni iniciaron una investigación exhaustiva para responsabilizar a los responsables del ataque.
El tribunal ordenó a Argentina investigar y responsabilizar a los perpetradores. Los casos ante los tribunales de Costa Rica se prolongaron durante 25 años. Hace dos años, el gobierno argentino ya aceptó la responsabilidad por los fracasos.
El 18 de julio de 1994, un atentado con bomba en el Centro Comunitario Judío Amia en la capital argentina mató a 85 personas e hirió a otras 300. Como determinó recientemente un tribunal argentino, el ataque supuestamente fue llevado a cabo por la milicia chiita Hezbollah a instancias del gobierno iraní.
Durante el mandato de la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), el gobierno argentino acordó con Teherán poner la investigación en manos de una comisión internacional de la verdad. Alberto Nisman, el fiscal especial que investigaba el ataque, fue encontrado muerto a tiros en su apartamento a principios de 2015.
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