El periodismo se ha vuelto una profesión riesgosa en Venezuela. Prueba de ello es que desde enero de 2006 hasta diciembre pasado ocho comunicadores han sido asesinados y otros 211 han sido víctimas de ataques y agresiones por ejercer su labor de informar.
La denuncia la formuló la Comisión Nacional de Protección de los Periodistas (Conapro) en el informe que esta semana remitió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la sudafricana Navi Pillay; y al Consejo de Derechos Humanos del organismo, en el marco del Examen Periódico Universal, evaluación a la que será sometida el país este año para determinar el grado de cumplimiento de las garantías fundamentales.
En su reporte, la Comisión que integrada por el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Círculo de Reporteros Gráficos y la organización Espacio Público cuestionaron la actuación de las autoridades a la hora de investigar y sancionar los casos relacionados con agresiones a trabajadores de los medios.
“El patrón generalizado de estos hechos es la ausencia de investigaciones conducentes a la sanción de los responsables, ratificándose con ello el patrón de la impunidad; ésto implica que por la omisión estatal se aumenta el riesgo profesional de los periodistas, y también los dispositivos de la autocensura e intimidación”, agregaron y pusieron como ejemplo la investigación abierta por el ataque doce periodistas de la Cadena Capriles sufrieron en 2009, cuando manifestaban en contra del proyecto de Ley Orgánica de Educación. Pese que hay registros fotográficos del hecho nadie ha sido procesado por esto.
Las agrupaciones también denunciaron las restricciones que el Estado viene colocando al acceso a las fuentes de información pública y alertaron sobre el agravamiento de la situación que podría conllevar la puesta en marcha del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna). El organismo decidirá qué información producida por los organismos públicos es difundida y cuál no.
Legislando para el silencio
La Comisión, en su informe, planteó a las Naciones Unidas los riesgos que para la libertad de expresión suponen algunas reformas legales adoptadas en los últimos años, tales como las modificaciones al Código Penal y a las leyes de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, las cuales sancionan a quienes difamen a funcionarios públicos o difundan informaciones que puedan generar “zozobra”.
Los señalamientos anteriores fueron respaldados también por la organización Ágora Constitucional, integrada por profesores de Derecho, quienes en su reporte, afirmaron que estos textos han promovido la autocensura en los medios, limitando el libre flujo de información; y también han facilitado la persecusión de opositores por sus opiniones, tales como el ex candidato presidencial Oswaldo Alvarez Paz.
Tras solicitarle a la Alta Comisionada y al Consejo de Derechos Humanos que insten a las autoridades que para deroguen dichos instrumentos, Ágora también pidió que las convenzan de la conveniencia de restituir las señales de Radio Caracas Televisión (RCTV) y de las 34 estaciones de radio que fueron sacadas del aire en 2009.
Fuente: ElUniversal.com
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