Desde su creación, Israel trata de establecer una barrera entre sus ciudadanos palestinos y no palestinos. Dentro de sus fronteras, el Estado se ha dedicado a cultivar palestinos con una mentalidad israelí.
Algunos argumentan que, dada nuestra realidad, esa es una misión imposible y que ellos seguirán siendo por siempre más árabes que israelíes. Mientras persista el conflicto, no podrán sentirse israelíes; sus corazones estarán siempre del lado de nuestros enemigos.
Sin embargo, otros afirman que los estrechos vínculos que se han forjado entre ambas comunidades, junto con el proceso de secularización y modernización, impulsan a los israelíes palestinos a situarse más cerca del público en general. Los judíos más optimistas, y unos pocos árabes, tienen la esperanza de que la integración entre los dos grupos de poblacionales llegará a ser tan profunda que los israelíes palestinos sentirán que su identidad es, en primer lugar, israelí.
La igualdad ante la ley es el medio más importante para asegurar aquel objetivo. El conjunto de normas que otorga igualdad de condiciones a los israelíes palestinos en el arrendamiento de tierras de propiedad estatal, o el hecho de que haya sido un juez árabe quien encabezó el tribunal que juzgó y condenó al ex presidente Moshé Katsav, son claros ejemplos de refuerzo de la igualdad a través de la ley.
Pero sucede que esa misma igualdad ante la ley con respecto a la violación de la seguridad nacional está directamente relacionada con la formación de la identidad israelí de nuestros ciudadanos palestinos. De habernos aferrado a esa posición, no habríamos tenido que liberar palestinos israelíes en el marco de los canjes de prisioneros. Un criminal israelí que comete su crimen en Israel debe cumplir su condena en una prisión israelí. La igualdad ante la ley también incluye la privación de la libertad en igualdad de condiciones.
Israel se aferró a esa posición durante casi todo el proceso de las negociaciones por Gilad Shalit y sólo renunció en sus etapas finales. El jefe del Shin Bet, Yoram Cohen, afirmó que es preferible liberar unos pocos israelíes, la mayoría de ellos, ancianos que no volverán a reincidir, que liberar a un grupo de terroristas palestinos jóvenes con grandes deseos de cometer actos de violencia en contra de nosotros.
Ese es un argumento problemático, porque la liberación de seis terroristas más habría resultado del todo insignificante mientras dejamos en libertad cientos de otros. Sería un buen argumento sólo si estuviéramos convencidos de que no quedaba más remedio y que el destino del acuerdo estaba determinado por esa liberación. Sin embargo, ese no fue el caso.
Al incluir a prisioneros israelíes en la lista de los que fueron puestos en libertad, el Estado se ocupó de aclararles a los israelíes palestinos que ellos no son como el resto de los israelíes; que están sometidos a un tipo diferente de leyes y que se encuentran excluidos del público general; que ellos constituyen un “caso especial”.
No puede saberse a ciencia cierta cómo esta declaración habrá de afectar a unos pocos o a muchos palestinos israelíes, pero es de suponer que quedará arraigada en su conciencia, alejándolos de nosotros y viceversa.
Las festivas celebraciones en las comunidades de los árabes israelíes liberados por el canje de Shalit, y las palabras acerca del asunto pronunciadas por los voceros del Movimiento Islámico, refuerzan esta hipótesis. Lo que ellos están diciendo casi explícitamente es: Su victoria es también nuestra victoria en la lucha contra el Estado de Israel, donde constituimos una quinta parte de la población.
*Alberto Mazor es Director de www.argentina.co.il y www.semana.co.il.
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