Amnistía Internacional ha instado a las autoridades peruanas a que retiren los cargos infundados formulados contra un destacado líder indígena que fue detenido a su regreso al país esta semana, después de residir casi un año en Nicaragua.
Segundo Alberto Pizango Chota está acusado de ser responsable de los enfrentamientos violentos entre activistas de los derechos indígenas y policía que ocasionaron la muerte de 33 personas y heridas a por lo menos 200 en Bagua, en el norte de Perú, en junio del pasado año.
Sin embargo, en el momento en que se produjeron los hechos, Alberto Pizango, líder de la organización de derechos indígenas Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), estaba en Lima, a cientos de kilómetros del lugar.
Alberto Pizango ha sido acusado formalmente de “rebelión, sedición y conspiración contra el Estado y el orden constitucional,” y de “apología de delitos contra el orden público”.
“Los cargos formulados contra Alberto Pizango parecen tener motivación política y deben ser retirados de inmediato”, ha declarado Guadalupe Marengo, de Amnistía Internacional.
Alberto Pizango fue detenido en el aeropuerto de Lima por la policía a su regreso de Nicaragua el pasado miércoles. Aunque fue puesto en libertad el jueves, sigue estando procesado.
En unas declaraciones realizadas poco después de su liberación, Pizango dijo que había regresado a su país natal no sólo para hacer frente a la ley y demostrar su inocencia, sino también para contribuir a la necesaria reconciliación nacional entre los peruanos.
El 5 de junio de 2009 se desencadenó la violencia después de que la policía dispersara a un grupo de indígenas awajún y wampís que habían bloqueado un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry conocido como la Curva del Diablo, en dirección a Bagua, en la provincia de Bagua, y en Bagua Grande, provincia de Utcubamba.
En los incidentes perdieron la vida 23 policías y 10 civiles, cinco indígenas entre ellos.
Once policías murieron mientras estaban retenidos como rehenes por los indígenas en una estación de servicio situada a 80 kilómetro de Bagua, cerca de la población de Imacita, en la provincia de Bagua. Otros doce agentes fallecieron durante la operación policial en el bloqueo de carreteras y uno está en paradero desconocido desde entonces.
Los cargos formulados contra Alberto Pizango parecen basarse únicamente en una conferencia de prensa que dio el 15 de mayo de 2009, en la que pidió una “insurgencia indígena” contra el gobierno.
En dicha conferencia de prensa, Pizango aclaró que la insurgencia era un llamamiento al gobierno para que anulara una serie de leyes que se estaban aprobando sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, como primer paso para entablar un diálogo en pie de igualdad.
Al día siguiente, Alberto Pizango y otros líderes de la AIDESEP firmaron un acuerdo con la oficina del procurador de los derechos humanos en el que se retractaban del llamamiento a la insurgencia y que se publicó en el sitio web del procurador, así como en la prensa.
“Estos trágicos hechos fueron el resultado previsible y evitable de la falta de consideración con la que las autoridades peruanas siguen abordando su obligación de respetar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas de la región del Amazonas -afirma Guadalupe Marengo-. La reciente aprobación por el Congreso de la Ley de Consulta, un paso importante en la dirección correcta, demuestra que el gobierno de Perú está empezando a comprender esto. Confiamos en que el presidente promulgue ahora esta ley sin más dilación.”
Fuente:Amnistía Internacional
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