Ante el peso creciente de las sanciones impuestas a Irán con objeto de detener el programa nuclear de este país, el gobierno de los ayatolas está desarrollando una activa política con miras a contrarrestar su aislamiento internacional y a proseguir en su empeño por consolidar su papel de potencia regional. A lo largo de años Irán ha contado con aliados leales que coinciden política e ideológicamente con él en el intento de expandir regionalmente la hegemonía chiita. La Siria de Bashar al-Assad y el Hezbolá libanés han sido en ese sentido piezas clave que han contribuido al proyecto iraní del que se sienten parte integral y con el que coinciden en cuanto a determinados objetivos, lo mismo que respecto a la utilización del terrorismo como herramienta fundamental para el avance de sus intereses.
La guerra civil en curso en Siria ha significado en este contexto, un golpe debilitador tanto para Hezbolá como para Teherán al entorpecerse de manera sustantiva la dinámica de colaboración que habían establecido. Ello, aunado a las sanciones internacionales en cada vez más severas, ha hecho que el régimen iraní busque alianzas alternativas. Una de ellas ha sido la Rusia de Putin la cual sólo de forma reticente había aceptado hace poco el endurecimiento de las sanciones. Sin embargo, una serie de intereses comunes, tanto económicos como geoestratégicos, ha hecho que la colaboración Moscú-Teherán se renueve. Fue así como a mediados de enero pasado el presidente Ahmadinejad firmó un importante acuerdo de colaboración en temas de seguridad con Rusia, al tiempo que Irán aprobó el arribo de buques de guerra rusos a Bandar-Abbas en el Estrecho de Ormuz, cuestión que abre las puertas a una presencia rusa en ese estratégico paso. De igual modo, se planearon ejercicios navales conjuntos en aguas sirias alrededor de Tartus.
Otro de los espacios donde Teherán ha conseguido puntos de apoyo es Sudamérica gracias a la alianza que el régimen de Hugo Chávez ha estado dispuesto a cultivar con la nación persa en función de intereses y enemigos comunes. Vuelos directos entre Caracas y Teherán, constantes visitas mutuas, intercambio de materiales y de información relacionada con inteligencia y seguridad, lo mismo que apoyos en foros internacionales, forman parte del modelo de colaboración entre estos países, modelo que ha tendido a reproducirse con variantes entre las naciones con liderazgos simpatizantes de Chávez: Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua. La novedad es que algo parecido se ha ido gestando con Argentina cuyo gobierno da cada vez más muestras de inclinarse hacia ese bloque en virtud de su necesidad de reposicionarse debido al desmoronamiento económico y la consecuente crisis que aqueja a ese país.
El más reciente acto de colaboración entre Argentina e Irán ha sido sin duda el acuerdo firmado por ellos el pasado 27 de enero, acuerdo que crea una “comisión de la verdad” integrada por argentinos e iraníes para investigar conjuntamente el atentado terrorista de 1994 contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), atentado en el que murieron 85 civiles y el cual la propia justicia argentina en 2006 determinó que fue responsabilidad del Hezbolá bajo la dirección y asistencia de algunos de los más altos personajes de la élite gobernante iraní. No obstante, jamás hubo acciones reales del gobierno de Buenos Aires para extraditar y juzgar a los responsables. El acuerdo actual entre el gobierno de Cristina Fernández y el de Ahmadinejad suena así a una treta encaminada a exculpar definitivamente a los iraníes que planearon y llevaron a cabo el acto terrorista de mayor envergadura en la historia moderna de América Latina. El régimen de Fernández sacrifica así la ética mínima exigida para afrontar este hecho deplorable, a cambio de las ganancias inmediatas que le brinda un estrechamiento de lazos con Teherán. Por su parte, el gobierno de los ayatolas obtiene un punto de apoyo importante para fisurar su aislamiento, seguir ocultando sus crímenes y continuar en su carrera por convertirse en potencia nuclear.
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