El jueves se instaló en el Senado de la República la Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación.
Por primera vez en la historia la Cámara Alta se ocupa del problema de la multiplicación de los delitos graves, desde asesinatos hasta secuestros, que padecen los periodistas mexicanos.
Un periodista profesional, Marco Antonio Blásquez Salinas, ahora senador por Baja California, miembro el Partido del Trabajo, preside la Comisión a cuyo nacimiento oficial concurrieron Ernesto Cordero, del PAN, presidente del Senado; Emilio Gamboa, del PRI, presidente de la Junta de Coordinación Política; y los coordinadores Miguel Barbosa, del PRD, y Manuel Bartlett, del PT, junto a representantes de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y periodistas de diversos medios y organizaciones gremiales, entre ellos en forma destacada el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de “El Universal”. Una ceremonia con la solemnidad austera que agradaría a Benito Juárez fue el marco de un hecho sin precedentes, consecuencia de una crisis de seguridad física de los informadores e institucional contra la libertad de expresión.
México es orgulloso poseedor de un título, el de ciudad más insegura del mundo, que se disputan Acapulco, Cuernavaca y Juárez. Ahora suma uno más: el del mayor número de asesinatos de periodistas, sin contar los desaparecidos y los sin trabajo por cierre o destrucción de los lugares donde laboran. En octubre la organización Reporteros sin Fronteras pidió en carta abierta al presidente electo de la república, Enrique Peña Nieto, que se comprometiera a luchar contra la impunidad y le recordó que con 85 muertos y 16 desaparecidos en una década (6 asesinatos y 16 desapariciones sólo en 2012) México “mantiene su rango de país más mortífero del continente para los periodista y ciudadanos al servicio de la información”. Se agregó a la denuncia una larga lista de otros delitos como bombas y tiroteos a periódicos, prisión y multas ilegales a voceros opuestos a políticos nacionales, federales o municipales.
En el acto del jueves Javier Tapia Urbina, de la CMNDH, dijo que 81% de las agresiones a periodistas quedan impunes. Y el senador Blásquez afirmó que México es el país donde mayor número de asesinatos de periodistas se cometen, dando el beneficio de la duda, en una actitud generosa y elegante, a Somalia y Siria, como rivales en el primer lugar. Al paso que vamos pronto no habrá lugar a dudas en cuanto al campeonato de México.
Frank La Rue, a nombre de Protección a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, alertó que los actos de violencia contra periodistas pueden venir del crimen organizado, en otros casos de “gente del Estado, como sucede en México, donde existen múltiples niveles de intimidación a la prensa y el acoso judicial” y pidió despenalizar la difamación para quienes son acusados de ella cuando critican a funcionarios públicos.
Mientras se instalaba la Comisión, en otra sala del Senado se discutía una iniciativa para que la Procuraduría General de la República cuente con una fiscalía especializada en delitos que atenten contra el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, derechos y libertades que se tipifican como “bienes jurídicos tutelados” para lo que se crea en el Código Penal Federal el título: “De los delitos en materia de Libertad de Expresión y Acceso a la Información” y, a los culpables de limitar o menoscabar esos derechos y libertades, “además de la pena por el delito cometido, se les impondrá prisión de uno a cinco años y de 100 a 500 días de multa”, penas que aumentarán si el culpable es servidor público. El proyecto cuenta con el aval de todas las fuerzas políticas y será votado después de conocer la opinión de actores y expertos involucrados.
Llegamos así a un proceso legislativo que convertirá a nuestro país en uno de los más avanzados en la prevención y el combate a los crímenes contra periodistas y en la preservación y fortalecimiento de algunas garantías esenciales de la vida democrática.
El precio ha sido caro y se ha pagado con vidas y sacrificios de quienes ejercen el oficio de informar, pero contribuye al bienestar social la reacción de los senadores de la República. Su voluntad de poner una muralla legal a la agresión contra periodistas no sólo protege a un gremio, sino a todos los mexicanos. Acallar una voz independiente agravia a la sociedad entera. Perder una opinión honesta y valiente es privarnos a todos de un contrapeso frente al poder absoluto, institucional o fáctico.
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