La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, pidió apoyo a la Comisión Europea (CE) para que se publiquen en 2013 las directrices sobre el etiquetado de productos de asentamientos israelíes en Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania), informa el periódico “Haaretz”. En una carta interna, divulgada por el diario, Ashton recuerda que una “abrumadora mayoría” de los Veintiocho “ha apoyado o pedido” una legislación que diferencie mejor entre la producción de Israel en su territorio reconocido y los territorios disputados, exenta de las ventajas de su acuerdo preferencial con la UE.
La alta representante añade que varios países miembros han legislado al respecto internamente y “otros planean hacerlo”.
“La UE y sus países miembros tienen una posición clara sobre los asentamientos israelíes”, dice Ashton.
Ello está “estrechamente ligado” el etiquetado de los productos que en ellos se originan, se subraya en la carta, enviada el pasado día 8 al presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, y a siete comisarios.
Ashton pide “compromiso” con esta iniciativa, de forma que las pautas “puedan ser aprobadas como una recomendación y publicadas en el diario oficial de la UE antes de que acabe 2013”.
Las directrices de etiquetado, que pidieron en marzo pasado trece países de la UE, entre ellos España, permitirían marcar debidamente los productos de los asentamientos, de forma que, al llegar a las aduanas europeas se les apliquen las tasas pertinentes.
La mayoría de estados miembros ha “fracasado” en esta tarea, según un informe difundido el año pasado por una veintena de organizaciones no gubernamentales (ONG) europeas, que desvela que los países comunitarios compran quince veces más producción de asentamientos judíos en Cisjordania que producción palestina.
Las pautas también tienen como objetivo que los consumidores sepan de dónde proviene exactamente el producto, lo que ha generado temores en el país a que potencie un boicot de los bienes producidos en el Golán, Jerusalén Este, y Judea y Samaria, conquistados tras la agresión árabe en la Guerra de los Seis Días de 1967.
La carta fue enviada días después de que la UE aprobase una directiva que prohíbe cualquier financiación, cooperación o concesión de ayudas y becas a entidades en los asentamientos.
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