A los que aún preguntan que razones ocultas puede traer la Reforma Judicial y a quien beneficia en primer lugar sin importar dividir al país
Presentamos una nota del periódico Ynet sobre el nuevo proyecto que permitiría a Netanyahu evitar los juicios que privan sobre el
Tras la votación de la reforma judicial, presentan proyecto para limitar los poderes de la fiscal general de Israel
A pesar de que el Likud afirma que “el proyecto no fue coordinado con Netanyahu”, la legislación parece hecha a medida del primer ministro. La fiscal general perdería la autoridad para abrir una investigación, enjuiciar o “cualquier otra decisión” relacionada con un proceso penal contra un primer ministro.
Un tercio de los miembros de la Knesset del Likud presentaron un nuevo proyecto de ley, justo antes del receso, con la intención de dividir las atribuciones de la fiscal general de Israel. El proyecto de ley propone transferir al fiscal del estado la autoridad sobre la decisión de abrir una investigación, enjuiciamiento o “cualquier otra decisión” relacionada con los procedimientos penales contra el primer ministro y los miembros del gobierno.
Según quienes presentaron la propuesta, este acuerdo abordará el problema de los conflictos de intereses institucionales e inherentes que surgen en este contexto. Cabe señalar que “cualquier otra decisión” que pueda tomar el fiscal del estado, si se aprueba el proyecto de ley, puede incluir, por ejemplo, un acuerdo de culpabilidad o el retiro de una acusación. Todo esto ocurre mientras aún está en curso el juicio del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien está acusado de soborno, fraude y abuso de confianza.
El proyecto de ley fue firmado por 11 diputados del Likud. Sin embargo, el partido del primer ministro afirma que la propuesta “no se coordinó en absoluto con los líderes de la coalición, y el primer ministro Netanyahu no fue parte de ella. Los proyectos de ley de este tipo no avanzarán sin la aprobación de los líderes de la coalición, y por lo tanto no está en la agenda”.
Las notas explicativas del proyecto de ley para dividir el papel del fiscal general decían: “El fiscal general sirve como abogado del gobierno y, por lo tanto, lo ayuda legalmente a realizar su política y objetivos dentro de los límites de la ley. Su trabajo le obliga a cooperar estrecha y diariamente con el gobierno y sus ministros, a quienes asesora y a quienes representa en los tribunales”.
“Al mismo tiempo, en su papel de jefe de la fiscalía, el fiscal general debe tomar decisiones en las etapas de apertura de una investigación y presentación de acusaciones contra ministros y primeros ministros, con quienes tiene un conocimiento muy cercano y una relación de trabajo.” Esta cuestión, según los autores de la propuesta, provoca una situación de conflicto de intereses y una situación en la que el fiscal general no puede tomar decisiones objetivas.
“En tal situación –dice la explicación del proyecto de ley–, “la capacidad del fiscal general para continuar sirviendo como asesor legal de los ministros del gobierno sin dañar la cooperación y las relaciones laborales continuas requeridas para cumplir con sus otros deberes no es óptima, y en algunos casos el trabajo del gobierno puede verse significativamente afectado. También hay dudas sobre la confianza del público en las decisiones del fiscal general en esta compleja situación, que tiene un grave impacto en la confianza del público en el sistema de justicia penal en general”.
Según la versión actual, la ley, si se aprueba, se aplicará solo a partir de la 26ª Knesset. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicha cláusula también se puede cambiar justo antes de que se apruebe el proyecto de ley. La ley para dividir el papel del fiscal general también se encuentra en un momento particularmente delicado, justo después de la legislación que elimina la causa de razonabilidad, que se votó el día martes 25 y entró en vigencia hoy miércoles 26 de julio.
Desde que el nuevo gobierno prestó juramento en diciembre pasado, las tensiones con la fiscal general Gali Baharav-Miara se han intensificado, en el contexto de la votación de la reforma judicial y otras leyes que la acompañan. Baharav-Miara es atacada regularmente por la coalición, y hace apenas una semana el ministro Dudi Amsalem declaró que ella es “la persona más peligrosa de Israel” en un discurso en el pleno de la Knesset.
Según Amsalem, “al final, el gobierno realmente no controla, los funcionarios deciden lo que quieren. Miren a la fiscal general, ayer cerraron el tren, todo está bien; el aeropuerto, todo está bien; un país en caos, todo está bien. El asesor legal hace muecas y no ve nada. En mi opinión, ella es la persona más peligrosa en el Estado de Israel hoy en día. Hoy hay una rebelión de facto en las FDI, y la fiscal general no ve ni oye. Cada funcionario hace lo que está en su cabeza, ¿quién es el gobierno?”.
El legislador agregó: “Hasta que la movamos desde allí –deberíamos haberla movido ayer–, es un daño de seguridad. En mi opinión, esta señora representa un peligro real para la estabilidad de un Estado democrático de Israel”.
Ayer mismo, Baharav-Miara informó al Tribunal Superior de Justicia que se opone a la “ley de incapacitación”, que impide que el primer ministro Benjamin Netanyahu sea incapacitado incluso si viola su acuerdo de conflicto de intereses redactado antes de su juicio y validado por el Tribunal Superior. En su anuncio ante el Tribunal Superior, Baharav-Miara señaló que “se abusó de la autoridad de la Knesset para mejorar la situación legal personal del primer ministro y permitirle actuar en contra del fallo del tribunal”. El primer ministro Netanyahu dijo a través de sus abogados en respuesta a la petición: “No interfiera, el tribunal no está autorizado a cancelar una Ley Básica”.
“Se abusó de la autoridad de la Knesset para mejorar la situación legal personal del primer ministro y permitirle actuar en contra del fallo del tribunal”
Gali Baharav-Miara, fiscal general de Israel
La coalición reaccionó con enojo a la posición de la fiscal general, y sus líderes señalaron: “La respuesta de la fiscal general a la petición es otro intento de cancelar la elección democrática de millones de ciudadanos y transferir la autoridad para destituir a los primeros ministros en Israel a una burocracia no elegida. El primer ministro Netanyahu es elegido por más de 2,5 millones de ciudadanos, y en una democracia son sólo los ciudadanos los que deciden quién será primer ministro”. Según ellos, “el intento forzado de vincular la reforma legal, que cuenta con el apoyo de millones de ciudadanos, y el juicio del primer ministro Netanyahu, que ha estado ocurriendo durante tres años, son infundados. El pueblo, la Knesset y la democracia no aceptarán esto”.
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