Florence Cassez no abandonará la cárcel de inmediato, pero el caso aún no puede darse por cerrado y ahora habrá que esperar algunos meses –no hay plazo fijo- para conocer un nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la suerte de esta francesa presuntamente involucrada con la banda de secuestradores llamada “Los Zodiacos”.
Los integrantes de la Primera Sala de la Corte consideraron que las violaciones a los derechos humanos y las irregularidades cometidas por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), sobre todo el montaje para mostrar la culpabilidad de Cassez ante las cámaras de Televisa y Televisión Azteca antes de ponerla en la manos de un juez, fueron graves pero insuficientes para ponerla en libertad ahora mismo, como lo había propuesto el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
La mayoría de los Ministros –cuatro de los cinco que integran la Primera Sala- tuvieron diferencias sobre el peso o el alcance que deberán tener esas irregularidades sobre la sentencia de 60 años de prisión contra Cassez.
Al no haber una clara mayoría sobre qué procederá con las irregularidades y en las violaciones a los derechos humanos, el presidente de la Primera Sala, que es el propio Zaldívar, nombró a la Ministra Olga Sánchez Cordero como encargada del caso para que elabore un nuevo proyecto de sentencia.
Zaldívar sólo contó con el apoyo total de la Ministra Olga Sánchez Cordero para que la francesa abandonara la cárcel de inmediato, toda vez que las irregularidades cometidas por la Agencia Federal de Investigaciones habrían corrompido o distorsionado el proceso judicial, concretamente, en los testimonios de las víctimas. Este argumento no prosperó.
José Ramón Cossío consideró que no debía liberarse a Cassez. No obstante enfatizó que las irregularidades de la AFI y, en su caso, de la Procuraduría General de la República (PGR) bastaban para anular la sentencia de 60 años y, al mismo tiempo, ordenar al Tribunal Colegiado encargado del caso elaborar un nuevo fallo sin tomar en cuenta los testimonios de dos víctimas (Christian Hilario y Cristina Díaz), ya que fueron manipulados.
Según se desprende de la postura de Cossío, esto equivaldría a tomar sólo en cuenta la comparecencia de Ezequiel Elizalde, uno de las tres víctimas que presuntamente fueron rescatadas por la AFI el día del montaje televisivo.
Otro de los Ministros, Jorge Mario Pardo Rebolledo, se inclinó por la salida ya propuesta por Cossío, aunque criticó severamente a los autores del montaje televisivo para quienes pidió que sean castigados por el Gobierno como autores de violaciones a los derechos humanos y de los procesos judiciales.
“A mí me parece que aún reconociendo la existencia de estas irregularidades, no puede decirse que por la exposición mediática ya se haya llevado el juicio de la propia quejosa, y que fue una mera formalidad en el trámite del proceso penal ante la autoridad jurisdiccional. No es aceptable esa afirmación”, expresó.
En el extremo contrario, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia manifestó que el amparo ni siquiera debió admitirse, toda vez que no veía la necesidad de hacer una sola interpretación de la Constitución o de alguna ley que violara la propia Carta Magna.
En la Primera Sala hubo una mayoría para no dejar en libertad a Cassez (tres contra dos). Pero tampoco hubo una mayoría sobre cómo valorar las irregularidades detectadas en este caso. Por ello, habrá un nuevo proyecto de sentencia que estará en manos de la Ministra Sánchez Cordero.
El proyecto de Zaldívar
Entre los argumentos expuestos entonces por Zaldívar, destacaba que debía considerarse como falta grave que a Florence Cassez no se le haya puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público, además de haberla prestado para un montaje televisivo.
Una vez difundido, el proyecto del ministro Zaldivar causó reacciones encontradas de parte del gobierno federal, quien se opuso a la liberación de la ciudadana francesa, y de diversos especialistas, quienes exigían que se castigaran los presuntos vicios en el procedimiento.
La discusión en torno al proyecto que planteaba la liberación de Cassez también involucró a los presidentes Felipe Calderón de México y al mandatario francés Nicolás Sarkozy. Este último confió en que en que la justicia mexicana liberara a su compatriota; mientras Calderón, sin mencionar a Cassez, pidió “justicia para las víctimas de los delitos”.
Tras las declaraciones del mandatario mexicano, la representación legal de la ciudadana francesa acusó al presidente Calderón de atentar contra el espíritu de la división de Poderes y de presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cassez presentó en 2011 un recurso ante la Suprema Corte para que revisara un amparo que un tribunal menor le negó. La ciudadana francesa fue originalmente sentenciada en 2008 a 96 años de prisión por cuatro secuestros, aunque un año después, se le redujo la pena a 60 años al absolverla de uno de los plagios.
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