El contralor estatal de Israel, Joseph Shapira, publicó hoy un informe sobre quejas públicas con un foco especial en el maltrato a los sobrevivientes del Holocausto y problemas con el manejo del gobierno de estudiantes de educación especial, a la vez que recuperó una variedad de otros temas.
Shapira presentó el reporte al vocero de la Knesset – parlamento israelí, Yuli Edelstein, a las 8.30hs. “La Oficina Ombudsman es una herramienta importante para limpiar la casa y reparar las injusticias. Les pido a los ciudadanos que sigan utilizándola”, dijo este último.
También agregó que el pueblo no debería ver que a la queja como una molestia o una mezquindad. Al contrario, deberían recordar que una demanda de un sobreviviente del Holocausto, por ejemplo, puede ayudar a miles de otros, y la de un padre puede cambiar todo el sistema educativo.
Acerca de los sobrevivientes del Holocausto, Shapira dijo que los reclamos se habían enfocado en defectos en el proceso de hacer frente al reconocimiento de pedidos y recibir beneficios como sobreviviente. También destacó las demandas sobre la demora y el proceso de aumentar el pago a ellos una vez que enferman así también como una falla en dar descuentos a los sobrevivientes que están anotados en las deducciones para que compren medicamentos al costo.
Shapira dijo que “reconocer el sufrimiento que han atravesado los sobrevivientes del Holocausto, su edad avanzada y los compromisos hechos a ellos por la sociedad israelí” hará que él “haga todo lo posible para ayudarlos a que se cumplan sus derechos adecuadamente”.
Acerca de los estudiantes de educación especial, el informe mostró que en el 2012 padres de niños con discapacidades intelectuales en la ciudad sudeste Netivot se habían quejado a la municipalidad por no financiar días largos de colegio para sus hijos, algo que creaba un obstáculo significativo en sus vidas diarias.
La municipalidad de Netivot primero eliminó el pedido de un presupuesto insuficiente, pero terminó ocupándose del asunto luego de que padres destacaran que según la ley, las autoridades locales deben financiar al menos un cuarto de las expensas para días largos escolares para niños con discapacidades intelectuales.
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