La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado al Gobierno de Irán en su último informe por “la terrible represión” aplicada a través de latigazos, abusos sexuales y descargas eléctricas contra los manifestantes que fueron detenidos durante las protestas que sacudieron la nación persa en noviembre de 2019.
El documento, titulado ‘Humanidad pisoteada: arrestos masivos, desapariciones y torturas desde las protestas de noviembre de 2019 en Irán’, denuncia que “cientos de personas” han sido sometidas a juicios “manifiestamente injustos” y que se han impuesto sentencias de muertes basadas en “confesiones” obtenidas mediante tortura.
Todo ello, señala el informe “con la complicidad de jueces y fiscales, la Policía, los servicios de Inteligencia, las fuerzas de seguridad y los funcionarios de prisiones”, quienes “han cometido una larga lista de escandalosas violaciones de los Derechos Humanos”.
Amnistía Internacional ha basado el texto en los “angustiosos relatos” de cerca de 7.000 personas, entre manifestantes, testigos, y otras víctimas que fueron detenidas y sometidas a torturas reiteradas para hacerles “confesar”.
“Entre las víctimas hay niños y niñas de tan sólo 10 años, manifestantes y transeúntes con heridas de bala que fueron detenidos en los hospitales donde acudieron para recibir atención médica”, alerta la ONG.
“Cientos de personas han sido condenadas a penas de prisión y flagelación y varias más a muerte, tras juicios manifiestamente injustos presididos por jueces parciales y celebrados a puerta cerrada, que normalmente duraban menos de una hora y que se basaban sistemáticamente en ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura”, subraya.
La directora regional adjunta de AI para Oriente Próximo y norte de África, Diana Eltahawy, ha recordado que los videos que se difundieron en los días que siguieron a las manifestaciones y que mostraban las autoridades iraníes matando e hiriendo a personas desarmadas “conmocionaron al mundo”.
Sin embargo, lamenta que “mucho menos visible ha sido el repertorio de crueldad contra las personas detenidas y sus familias” llevadas a cabo por las autoridades iraníes “lejos del escrutinio público”.
“En lugar de investigar las denuncias de desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos y delitos cometidos, los fiscales de Irán se convirtieron en cómplices de la campaña de represión al presentar cargos relacionados con la seguridad nacional contra cientos de personas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”, ha denunciado Eltahawy.
AI ha señalado que las penas de prisión impuestas a las personas condenadas oscilan entre un mes y diez años de cárcel, por cargos “vagos o falsos” relacionados con la seguridad nacional, como “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”, “difundir propaganda contra el sistema”, “alteración del orden público” e “insultos al Líder Supremo”.
De las personas condenadas, al menos tres, enumera la ONG, Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi y Saeed Tamjidi, fueron condenados a muerte por “enemistad con Dios” y actos de vandalismo; mientras que otro ciudadano iraní, Hossein Reyhani, está en espera de juicio por un delito punible con la muerte.
A su vez, la investigación llevada a cabo por AI determina que hubo un “uso generalizado de la tortura y otros malos tratos” por parte de las autoridades contra hombres, mujeres, niños y niñas, tanto en el momento de la detención como durante la reclusión.
Es por ello que Amnistía Internacional ha pedido a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado que atajen “la impunidad prolongada y sistemática” de Irán, e inicien una investigación para garantizar la rendición de cuentas del Estado persa a las víctimas.
En ese sentido, la ONG ha demandado a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a que pidan “enérgicamente” al Gobierno de Irán la liberación “inmediata e incondicional” a todas las personas que continúan encarceladas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación.
“Los Estados también deben pedir a las autoridades de Irán que anulen todas las sentencias condenatorias dictadas en juicios injustos, incluidas las basadas en declaraciones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos, y que hagan rendir cuentas a los responsables”, ha insistido.
Con información de Europa Press
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