El Gobierno aprobó hoy, en su reunión semanal, un protocolo que amplía sin precedentes los poderes del primer ministro, facilitando que este determine unilateralmente la agenda del Gabinete y vote en los comités ministeriales, informó el Ejecutivo.
Con la reforma, el primer ministro, Biniamín Netanyahu, tendrá menos limitaciones para impulsar su agenda y controlar los debates en el seno del gobierno de coalición que lidera.
Según su oficina, la medida tiene como objeto “mejorar la gobernabilidad”.
El jefe del gobierno tendrá a partir de ahora control absoluto sobre el orden del día de las reuniones del Gabinete, lo que le permitirá dar prioridad sus propuestas y programar debates continuos de las mismas -aunque hayan sido previamente rechazadas- y posponer a voluntad las sugeridas por otros ministros.
También controlará el orden de voto, y podrá retrasar las mociones planteadas por los comités ministeriales, a los que podrá unirse cuando considere oportuno y en los que tendrá derecho a votar.
Netanyahu y sus sucesores podrán tomar decisiones con votaciones telefónicas que se lleven a cabo en un plazo de doce horas, que podrá ser acortado o ampliado por decisión del primer ministro, y tendrán también potestad para restringir, cuando lo consideren oportuno, el derecho de voto solo a los miembros del gabinete que estén presentes en una reunión.
Algunos analistas han aventurado que los nuevos poderes podrían estar vinculados a la futura toma de decisiones sobre un posible ataque a las instalaciones nucleares de Irán, que Netanyahu parece favorecer más que varios de sus ministros.
La decisión de ir a la guerra, sin embargo, no la toma el pleno del Gobierno, sino los ocho ministros del denominado Gabinete de Seguridad.
El diputado laborista Amir Peretz calificó la medida de “antidemocrática” y aseguró que, con ella, Netanyahu “hace lo imposible para evitar que haya discusiones transparentes y completas”, informó el diario Yediot Aharonot.
El jefe de la oposición, Shaul Mofaz, también condenó los cambios y opinó que el objeto último de la nueva norma es “debilitar a la oposición”. EFE
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