Son numerosos los periodistas que fueron víctimas de las dictaduras militares de seis países de América del Sur (, Bolivia, , , Paraguay y ) aliados en los años 70, con el apoyo de Estados Unidos, en una alianza represiva llamada “Plan Cóndor”. Celebrando los cruciales avances judiciales y legislativos registrados en algunos de estos países, esta semana Reporteros sin Fronteras pugna por un acceso a la información más amplio en lo que concierne a este periodo. En ese sentido, la organización recibe con gran esperanza el anuncio de la creación de una comisión de investigación común de los Estados miembros del Mercosur (, , Paraguay, ) para esclarecer lo ocurrido en los años del Plan Cóndor.

112 periodistas, columnistas y escritores perdieron la vida o “desaparecieron” durante el periodo que comprende la presidencia de Isabel Martínez de Perón (1974-1976) y la dictadura miliar (1976-1983).

Rodolfo Walsh, secuestrado y desaparecido el 25 de marzo de 1977, es la figura más conocida de estas personas de prensa víctimas del terror de Estado debido a su oficio, su compromiso político y su elección editorial. Esta macabra lista también incluye a extranjeras, como el político y periodista uruguayo Zelmar Michelini, asesinado en mayo de 1976 en Buenos Aires, o la ítalo-estadounidense Toni Agatina Motta, desaparecida en la misma ciudad en octubre de 1980.

“Con gran satisfacción tuvimos conocimiento de que el 26 de octubre de 2011 el Tribunal Oral Federal N°5 de Buenos Aires condenó a 16 de los 18 ex militares juzgados por las peores violaciones de los derechos humanos nunca antes cometidas en esta región. Los asesinos de Rodolfo Walsh -así como de tantos otros individuos-, los ex capitanes de la marina Alfredo Astiz y Jorge Acosta, fueron condenados a cadena perpetua. Finalmente recibieron el castigo que toda una población, y también familias radicadas en el extranjero, esperaban desde hace mucho tiempo”, declaró Jean-François Julliard, Secretario General de Reporteros sin Fronteras.

“Un acto judicial de esta importancia no habría sido posible sin la gran movilización de la sociedad civil, que a cambio debe poder tener acceso y en los países concernidos, a toda la información de un periodo aún tan presente en las mentes”, agregó. Esta exigencia también concierne al gobierno de Estados Unidos, que comenzó a abrir sus archivos en junio de 1999, bajo la presidencia de Bill Clinton.

El país habría faltado definitivamente a su cita con la justicia si el 27 de octubre de 2011 no hubiera sido votada en el Congreso una nueva norma que vuelve imprescriptibles los crímenes cometidos bajo el régimen cívico-militar (1973-1985). Justo en tiempo, pues el plazo de prescripción de estos crímenes llegaba a su término el 1 de noviembre próximo. Este paso legislativo hace eco a la decisión que el presidente José Mújica tomó en julio pasado, de autorizar la reapertura de 80 investigaciones sobre crímenes cometidos durante la dictadura. Este proceso permanecía claramente trabado por la ley de amnistía llamada de “caducidad”, que fue ratificada dos veces por referéndum, en 1989 y 2009, declarada dos veces anticonstitucional después y que estuvo cerca de ser anulada (pasó por un voto) en el Congreso en mayo pasado.

La norma que declara que los delitos cometidos durante la dictadura militar son de lesa humanidad y, por lo tanto imprescriptibles, constituye una fuerte señal de que se avanza en dirección de la justicia. ¿Lo será también para un trabajo informativo que todavía se enfrenta, y con demasiada frecuencia, al silencio y a la negativa de cooperación de la actual institución militar? Toda la cuestión radica allí, según Roger Rodríguez, especialista en el tema y quien hace poco fue víctima de una abyecta campaña de amenaza en Internet urdida por ex militares y gente cercana a ellos.

“La norma aún debe ser promulgada y no ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. El Estado debe desclasificar los archivos de la dictadura. Hay que encontrar una fórmula para romper con este pacto de silencio militar”, explicó el periodista a Reporteros sin Fronteras.

El camino de la justicia parece aún más largo en , donde la Ley de Amnistía de 1979, validada de nuevo en 2010 por el Supremo Tribunal Federal (STF), vuelve intocables a los militares autores de crímenes cometidos bajo la dictadura (1964-1985). ¿Es que los asesinos de periodistas pueden gozar eternamente de impunidad, como sucede en caso del homicidio del director de TV Cultura Vladimir Herzog, secuestrado y torturado por la policía militar en Sao Paulo en octubre de 1975?

Temiendo la respuesta a esta pregunta, Reporteros sin Fronteras celebra, en su principio, la aprobación, el 25 de octubre en el Senado, de una Ley de Acceso a la Información que aún debe ser promulgada, pero que permitiría tener acceso a datos celosamente guardados desde esa época por diferentes instituciones, entre ellas el ejército. La nueva legislación prevé, en particular, un plazo de clasificación de 25 años para los documentos “ultra secretos”, de 15 años para los documentos “secretos” y de 5 años para los documentos “reservados”.

“Después del proyecto ‘Memorias reveladas’, creado bajo la presidencia de Lula, esta Ley de Acceso a la Información constituye otra etapa alentadora en el camino hacia la verdad, a falta de justicia. Sin embargo, tememos que numerosos archivos importantes considerados “ultrasecretos” sean objeto, según los términos de la nueva ley, de una nueva clasificación por otro plazo de 25 años. Esta cláusula constituye un evidente obstáculo a la posibilidad de utilizar estas piezas en un eventual proceso judicial y de publicarlas. Esperamos que esta disposición particular sea objeto de un veto de la presidenta Dilma Rousseff”, subrayó Reporteros sin Fronteras, que toma nota de la aprobación, aún en el Senado y, al mismo tiempo, del proyecto de creación de una Comisión de la Verdad sobre las violaciones de los derechos humanos en la época militar.

Aún se esperan otros progresos judiciales en , donde desde el 26 de octubre siete ex militares se encuentran formalmente acusados del asesinato de tres ciudadanos uruguayos en las primeras horas de la dictadura (1973-1990).

“Reporteros sin Fronteras aprovecha este momento para recordar que la herencia de Pinochet, lejos de haber desaparecido, hoy es objeto de una fuerte contestación dentro de la sociedad chilena, expresada en especial por el movimiento estudiantil. Esta herencia tiene que ver, y mucho, con un paisaje mediático marcado por una grave carencia de equilibrio pluralista. Ya es hora de refundar este espacio informativo”, concluyó Reporteros sin Fronteras.

N.B.

  • En lo que se refiera a la dictadura en Paraguay (1954-1989), Reporteros sin Fronteras recomienda consultar el sitio del nuevo Museo Virtual, abierto este año por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).
  • Pionera junto con en materia de acceso a la información, Bolivia procedió a la apertura de archivos de la dictadura del general García Meza (1980-1981) desde mayo de 2010.

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