Desde hace poco más de dos semanas, la Autoridad Palestina tiene nuevo gobierno, pero desde hace años, el ejecutivo en Ramallah funciona a la sombra de las sospechas y acusaciones de corrupción.
En los últimos días se presentó el nuevo informe anual de AMAN, una ONG palestina que se autodefine como la Coalición para la Responsabilidad y la Integridad. Creada en el año 2000, esta institución “existe por iniciativa de varias organizaciones de la sociedad civil palestina y tiene como objetivo combatir la corrupción y mejorar los valores y principios de transparencia y sistemas de rendición de cuentas en la sociedad palestina”, según explican sus responsables.
El estudio realizado por AMAN acerca de la situación en la Autoridad Palestina plantea un panorama complejo, especialmente en momentos en que el gobierno local decidió rechazar el dinero de ingresos fiscales que Israel habitualmente transfiere y del que ahora descuenta los salarios y subsidios que Ramallah paga a terroristas y sus familias. Debido a esta importante falta en el presupuesto general (un 60%), los empleados públicos están recibiendo la mitad de sus ya de por sí bajos salarios y la mayoría de las veces con retraso.
Además, la decisión de la Administración Trump de recortar drásticamente su aporte económico a los palestinos truncó gran cantidad de proyectos y sumó cientos de desocupados, la mayoría de ellos jóvenes.
Mientras tanto, en Israel, el primer ministro Binyamin Netanyahu y el ministro de Finanzas Moshe Kahlon se reunieron para pensar la manera como evitar el colapso financiero de la Autoridad Palestina, debido a su rechazo del dinero de los ingresos fiscales y el perjuicio que esto produce a su presupuesto general. También la Unión Europea está tratando de buscar una salida a esta situación y el “Grupo de Donantes a Palestina” que se reunió en Bruselas la semana pasada, ya comprometió una ayuda de más de 22 millones de dólares.
Endeudados con los bancos y sin acceso a buenos puestos de trabajo
El último informe de AMAN – cuyos integrantes no son funcionarios públicos y actúan en forma completamente independiente – es una síntesis sumamente detallada de la situación en el año 2018.
“Las formas de corrupción en 2018 se mantuvieron prácticamente iguales a las de años anteriores, favoritismo y nepotismo estuvieron en primer lugar, seguidos por abuso de confianza, malversación de protesta contra Abu Mazen en Ramallahfondos públicos y soborno”, señala el estudio en uno de sus primeros párrafos.
Según informa el diario israelí Haaretz, los nombramientos en cargos públicos y la necesidad de contactos para acceder a cualquier puesto, son los temas que más enfurecen a la opinión pública palestina. «Es muy común escuchar en conversaciones normales hablar sobre alguien, un compañero de estudios, que recibió en tiempo récord un puesto jerárquico, a pesar de sus bajas calificaciones y gracias a sus buenos contactos o a sus parentescos. O la mención de todos los familiares de funcionarios de Fatah y la Autoridad Palestina, que acceden a buenos puestos de trabajo», explica la publicación.
El reporte de AMAN destaca la gravedad de una serie de nombramientos que no se ajustaron a las normas y al principio de igualdad de oportunidades y se hicieron por orden directa e intervención del presidente Mahmoud Abbas. También incluye algunos ejemplos: 39 decretos presidenciales de Abbas llevaron al nombramiento de 62 empleados de alto rango. 26 decretos establecieron el ascenso de 110 personas al cargo de embajador u otros puestos de alto rango.
En la mayoría de los casos, especialmente de embajadores, los nombramientos se hicieron en base a nepotismo, lealtad personal o reparto del poder.
«La idea de que hay una parte no pequeña de la población que durante años se acomodó en buenos puestos (a veces con varios salarios en paralelo) en base a vínculos políticos y otros y no precisamente por sus virtudes y capacidad, siempre es indignante, pero especialmente en época de recortes salariales, cuando una de las máximas preocupaciones son las deudas con los bancos, en las que la gran mayoría de los palestinos están empantanados hasta el cuello», señala Haaretz.
A esa gente, enojada y preocupada, le hicieron dos promesas: antes de Ramadán, que comenzará en apenas unos días, todos los empleados públicos recibirán el 60% de sus salarios. Es un avance, un agregado de un 10% respecto del sueldo del mes anterior. Además, la Autoridad Monetaria Palestina dio orden a los bancos de postergar el pago de cuotas de deudas de los ciudadanos comunes.
Plan de austeridad y promesas de cambio
El informe de esta coalición de organizaciones civiles palestinas señala también como una de las principales causas de esta penosa situación “la parálisis voluntaria del Poder Legislativo desde hace 12 años”, que le ha dado mano libre al Poder Ejecutivo – encabezado por Abbas – para actuar sin rendir cuentas a nadie.
Lo mismo indica este dossier acerca del Ministerio de Finanzas. «Los ciudadanos solventan con sus impuestos el 85% de los ingresos del Estado», dice el informe. «Pero la ausencia del consejo Legislativo en los procesos de aprobación y fiscalización del presupuesto permitieron que el ministro de Finanzas controlara en forma exclusiva el manejo del dinero público”.
Hay otros tópicos que integran esta lista de acusaciones: problemas en los consejos locales, falta de independencia del poder judicial, la inacción del gobierno respecto de la aprobación de una ley de libertad informativa, ocultamiento de los detalles de contratos de negocios con Israel y otros.
Poco después de asumir el cargo, el nuevo primer ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, anunció que su gobierno tiene “un nuevo programa de austeridad y emergencia de tres meses” y prometió que, en ese lapso, la crisis financiera estará solucionada.
¿Cuál es ese remedio mágico que le permitirá resolver esta grave crisis? Nadie lo sabe. Mientras tanto, los integrantes de AMAN ya comenzaron a preparar el siguiente informe, con la convicción de que esta situación no es un mandato divino y el pueblo tiene – o debería tener – el poder para cambiarla.
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