Continua el proceso pero no parece simplificarse sino al contrario, cada vez lo hacen más complicado, ¿quizás con la intención de que nadie califique?
La ley para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes cambia a golpe de trámite parlamentario. Tras presentar este martes una nueva enmienda al texto, el PP abre la puerta a reducir a uno el número de viajes que deberán hacer los interesados para lograr el pasaporte. Según recogía la norma hasta ahora, los solicitantes tenían que trasladarse dos veces hasta España: una, para personarse ante el notario que dé fe de sus orígenes sefardíes; y otra, para inscribirse después en el Registro Civil adscrito territorialmente al notario que gestionó su caso. Los populares quieren eliminar este último paso, que ellos mismos habían introducido. Y, por ello, proponen que sea competente el encargado del Registro Civil que se ocupa de la inscripción del nacimiento. Este cambio, según ha recalcado el PP, permitirá que pueda gestionarse en los consulados.
Los colectivos afectados ya habían manifestado, tras llegar la norma al Senado, su malestar por la obligatoriedad de trasladarse a España para gestionar la petición de nacionalidad. Estos grupos consideran que la medida limita el acceso a los más adinerados. Y, de hecho, la oposición planteó diferentes fórmulas para disminuir o, incluso, suprimir los viajes. CiU propuso que los trámites ante el notario puedan hacerse mediante una “persona autorizada”. E IU, por su parte, afirmó que “resultaría mucho más lógico que esta tramitación se realizara ante el consulado correspondiente”. Y, aunque, Exteriores rechazó esta posibilidad por temor a que se colapsaran algunas de sus delegaciones, el PP barajaba suavizar estos requisitos en la Cámara Alta.
Una puerta que abre este martes. “Estamos ante un proyecto de ley que quiere cerrar un capítulo de nuestra historia. Es un reencuentro con nuestro pasado”, ha resaltado Carmen Dueñas (PP), ponente de la norma en el Senado, que ha participado esta tarde en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. Allí se ha aprobado —con 24 votos a favor, uno en contra y una abstención— el dictamen que se discutirá posteriormente en el hemiciclo.
El futuro debate en el pleno, además, también versará sobre la reintroducción de una tasa obligatoria para todos aquellos que quieran iniciar los trámites de solicitud de la nacionalidad. Los interesados deberán abonar, “con independencia del resultado del procedimiento”, 100 euros en concepto de tramitación administrativa del expediente. “Sé que la gestión de la tasa es polémica, pero se justifica por la necesidad de compensar estos servicios que suponen un coste para la sociedad española”, ha argumentado la popular Silvia Franco. Una tarifa similar, aunque de 75 euros, ya la suprimió el PP durante el trámite de la ley en el Congreso.
La gran mayoría de los grupos consideran positivo el reconocimiento de su “derecho” a la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492. Aunque, la oposición ha presentado algunas objeciones este martes en el Senado. El PSOE echa en falta una “sensibilidad” similar para los moriscos y saharauis. “Pero hay grupos que no tienen detrás ningún poder económico ni político de otros países”, ha afirmado el socialista Arcadio Díaz Tejera.
ATOLE CON EL DEDO,O CINISMO HISPANICO……