En sus buenos tiempos el PRI entendió el valor de la autonomía universitaria. En las universidades se pensaba al país y el gobierno podía recuperar la crítica para tomar decisiones, el clima de libertad que se respiraba en las universidades permitía el surgimiento de liderazgos jóvenes que serían cooptados por el gobierno y la detección de fuerzas disidentes, con lo que se les podía neutralizar. Así caminaba de la mano, la libertad y la represión, esa falsa tolerancia permitió cumplir con el paradigma fundamental de gobierno: el control.
En esos años surgieron editoriales y se publicaron libros con buen análisis de la realidad nacional, aunque en el fondo faltaba un buen análisis del PRI y las instituciones del autoritarismo: sindicatos, partidos satélites, clientelismo, asistencialismo, etc., igual se contaba con buenas reflexiones sociales, económicas y políticas.
Con el 1968 parte del juego se empezó a resquebrajar, el mismo PRI minó las bases de su control lanzando a la marginalidad política a grupos crecientes, y paralelamente se desarrolló una gran desconfianza y resentimiento contra el gobierno. Pero el gobierno siguió tratando de controlar a las universidades, lo que lograba por medio del dinero. Reyes Heroles insistía en imponerle instrumentos de vigilancia presupuestal a la UNAM, aunque las finanzas de ésta eran vigiladas por una contraloría interna y la fiscalización del congreso. El problema no era monetario sino político. Para el gobierno la autonomía debía limitarse. Este modelo sigue vigente, ya que al recibir fondos federales, todas las instancias de educación superior son vigiladas por la Auditoría Superior de la Federación, el congreso y el gobierno local.
Con la consolidación de los neoliberales y la llegada al poder de la derecha, se hizo frecuente el deseo gubernamental de eliminar la autonomía universitaria, ya sea para imponer rectores propios como intentó sin lograrlo Francisco Barrio, o para intervenir en la vida diaria de la universidad, se buscaba una especie de micro management del gobernador en turno o el secretario de educación, cuestión que no pierde vigencia.
Los panistas por medio de la manipulación presupuestal, impusieron la obligación de estudiar y enseñar constructivismo. Uniformar la generación y difusión del conocimiento para producir robots que respondieran a su forma de ver el mundo. Fue un ataque directo a la libertad de cátedra y pluralidad universitaria, pero más que nada, fue un golpe a la autonomía.
Entiendo a la autonomía universitaria como la libertad para generar y difundir conocimiento y producción y difusión de la cultura. Esto no implica ocultar el manejo de los recursos ni reducir la obligación de transparencia en el manejo presupuestal.
También surgió un manipuleo político del subsidio a las universidades. Debido a que la secretaría de Educación Pública le transfiere el subsidio al gobierno del Estado para que este lo entregue a las universidades, empezó la retención del subsidio para ajustar cuentas políticas. En Veracruz el gobernador ahorcó a la Universidad, en Morelos el gobernador la ahorcó como respuesta a la postura crítica del rector, en Chihuahua el gobierno retenía los fondos para ajustar los grandes desequilibrios que tenía el manejo faccioso del presupuesto y la SEP orilla a las universidades al endeudamiento aduciendo que necesita dinero para reparar los daños del sismo.
En Hidalgo el nuevo gobernador empezó a aplicar la fórmula reteniendo los fondos federales, ningún reclamo funcionó hasta que la universidad amagó con un paro frente a un magno evento de alcaldes en Pachuca. El gobernador tuvo que doblar las manos, pero sacando su ánimo vengativo, poco después hizo aprobar una ley dónde imponía al vigilante de las finanzas universitarias, ampliándole las funciones para poder remover funcionarios e incidir en las funciones sustantivas de la universidad. En pocas palabras: eliminar la autonomía universitaria para poner a la institución bajo su mandato. Una aberración total porque no busca mejorar a la institución.
Gracias a la autonomía se crea un discurso crítico y la libertad para generar conocimiento de acuerdo a los dictados de la ciencia; el sometimiento a la política invalida el quehacer científico y despoja a la sociedad de la riqueza cultural y de conocimiento que debe generar la universidad.
La comunidad universitaria, con razón, esta ofendida y agraviada y apelará a recursos jurídicos (el amparo) y políticos, la movilización.
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene presencia en todo el Estado, el gobernador Fayad está prendiendo una mecha que le costará mucho trabajo apagar y que generará un factor de inestabilidad en la coyuntura electoral del 2018. Tal vez un costo calculado para sus ambiciones de poder.
¿Deberá la sociedad sufrir el impacto de una decisión caprichosa de un político que al parecer no busca el mejoramiento institucional, sino el engrandecimiento de su poder?
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