El martes 12 de febrero pasado se instaló en Aguascalientes la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y se presentaron las Bases del Programa respectivo. Este acto pretende darle contenido a una de las trece acciones de Gobierno anunciadas por Enrique Peña Nieto al asumir la presidencia. Sin embargo como dice la voz popular, no por mucho madrugar amanece más temprano. Uno aprende que entre más tiempo se dedica a diseñar adecuadamente los planes o programas los resultados serán mejores y el riesgo de cometer errores disminuye.
Considero que esto se aplica todavía más a un asunto tan delicado y loable como es el tratar de cambiar el paradigma de la seguridad pública centrada por el gobierno de Calderón en la intervención de la policía y el ejército hacia una seguridad basada en la protección de las personas y las familias, lo que algunos expertos llaman seguridad ciudadana.
Evidentemente esta decisión representa aire fresco después de seis años de enfrentar la violencia criminal con violencia del Estado, sin que en realidad se hayan atacado los problemas profundos de corrupción e impunidad que sustentan la enorme capacidad de fuego de la delincuencia y la colusión entre los criminales y los delincuentes de cuello blanco que se hacen pasar por funcionarios, políticos, empresarios y líderes sociales.
La difícil lectura del documento de las Bases del Programa para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia debido a su diseño editorial, permite llegar a algunas conclusiones.
En primer lugar es de felicitar el cambio del enfoque que llevó a rescatar conceptos, hallazgos y propuestas de un pequeño número de personas y organizaciones que por lo menos desde hace diez años han venido planteando la urgencia de atacar las causas económicas, sociales, culturales e incluso políticas que subyacen en los conflictos y en las violencias y que contribuyen a la delincuencia que domina a muchos territorios del país.
En ese sentido, la contribución de Laura Carrera anterior directora de la CONAVIM y del Centro para la Prevención del Delito y de sus equipos para colocar el enfoque de prevención en la agenda de seguridad, debe ser reconocida, rescatada y aprovechada. Resulta un desperdicio de conocimientos que de algún modo se refleja en el documento al no embonar bien las piezas de las bases propuestas para alcanzar la paz en el país.
Por ejemplo se echa mano de términos como factores de riesgo, acupuntura social-urbana, factores precursores y detonadores, estrategias creativas, cohesión, integralidad y participación, entre otros sin que respondan a una concepción clara del enfoque que se quiere dar a la estrategia de prevención.
La lectura de la propuesta genera dudas de si son sólo las bases del programa o ya se trata del programa; si realmente como dicen convocaron a académicos, expertos y líderes sociales o los van a convocar para hacer el programa pues no hay evidencia de que hayan hecho esa convocatoria. Por cierto, entre las organizaciones civiles y sociales es creciente la molestia por que ni el Gobierno Federal, ni el del Distrito Federal han convocado hasta ahora a la participación social para la elaboración de los planes y programas como lo mandata la Ley de Planeación.
Posiblemente la mayor sorpresa de las bases presentadas fue el gran énfasis puesto en lograr una cobertura universal de lentes graduados personalizados para los estudiantes de primaria que lo requieran como una medida central para evitar la deserción escolar y conductas de riesgo. Varios asistentes al evento en Aguascalientes cuestionaron los criterios para seleccionar los 56 o 57 municipios, delegaciones y zonas metropolitanas donde se aplicarán las primeras intervenciones del programa. Otros más mencionaron la ausencia de medidas dirigidas a la infancia. Hay dudas de si se puede hablar de prevención en municipios que ya están gravemente enfermos de violencia y el riesgo en que ello pondrá a los promotores sociales que seguramente tendrán que trabajar en el territorio.
Con todo, bienvenida la decisión del Gobierno de Peña Nieto de incorporar como prioridad y como enfoque una estrategia de prevención social de las violencias y la delincuencia que no debe sustituir, sino complementar y permitir dimensionar una estrategia de seguridad pública con intervención de las agencias de seguridad en el marco del respeto a los derechos humanos. Es de esperar que verdaderamente se convoque a la participación social y que se logre aterrizar y sostener el programa para que alcance resultados, pues estos no se observan de inmediato en este tipo de acciones.
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