La noche del 23 de junio de 2014 sujetos no identificados sustrajeron equipo informático, de audio y grabación de las oficinas de la revista independiente Contralínea. Los delincuentes cortaron los cables de las cámaras de vigilancia, que fueron instaladas en 2012 por órdenes de la Secretaría de Gobernación como parte del Mecanismo para la Protección de Periodistas y de Defensores de los derechos humanos. Estas medidas cautelares habían sido solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas, alarmadas por ataques precedentes a las instalaciones de la revista.
Al día siguiente de este nuevo robo, la dirección de la revista presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y pidió que se ampliaran las medidas cautelares para proteger a todo el personal. En una entrevista concedida a Reporteros sin Fronteras, el director de la revista, Miguel Badillo, enumeró las cuantiosas pérdidas del semanario: les robaron 19 computadoras, una cámara de video, tres pantallas de televisión, equipo de audio y producción radiofónica, así como discos duros, expedientes periodísticos y documentación personal de los reporteros. Miguel Badillo también denunció que el 18 de abril de 2014 dos hombres armados asaltaron su domicilio cuando él se encontraba ausente. No obstante, hasta el momento no se ha determinado el móvil de los delitos y la investigación emprendida por la PGJ parece encontrarse en un punto muerto.
“Reporteros sin Fronteras pide a las autoridades mexicanas que prolonguen inmediatamente las medidas de protección y que las amplíen para que se proteja a todos los miembros del equipo de Contralínea”, señaló Camille Soulier, responsable del Despacho Américas de la organización. “También pedimos a la Procuraduría General de Justicia que haga que la investigación avance lo antes posible para determinar el origen del robo y sancionar a los autores intelectuales, a fin de garantizar el respeto del trabajo de Contralínea”, añadió.
Robos, allanamientos, hostigamiento judicial son moneda corriente para Contralínea. La revista ha enfrentado varios juicios debidoa denuncias presentadas por empresas privadas como Zeta Gas, Blue Marine Technology y Oceanografía; investigaciones de los reporteros de la revista han señalado casos de corrupción de estos grupos. Actualmente se encuentran en curso tres procesos legales iniciados en 2007. En diciembre de 2013 la CIDH y la Secretaría de Gobernación iniciaron una investigación por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra periodistas de Contralínea.
En México, donde han sido asesinados dos periodistas desde el inicio del año 2014, con gran frecuencia las amenazas -y otras intimidaciones- se saldan con ataques que tienen consecuencias irreversibles. El 1 de septiembre de 2011 encontraron muerta a la periodista fundadora de ContralíneaAna María Marcela Yarce Viveros, quien había sido secuestrada cuando salía de las oficinas de la revista.
México ocupa el lugar 152, entre 180 países, en la edición 2014 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.
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