Egipto accedió a modificar el artículo 33 del proyecto de ley antiterrorista que castigaba con penas de prisión a los periodistas que publiquen “informaciones falsas” sobre cuestiones militares o de seguridad, confirmó el portavoz del Gobierno, Hosam Qauish.
El Consejo de Ministros egipcio decidió modificar el artículo y suplir la pena de prisión por multas severas que van desde las 200.000 libras egipcias (25.500 dólares) hasta las 500.000 libras egipcias (63.700 dólares).
El artículo estipulaba castigos de hasta dos años de cárcel para todo aquel que publique, “de forma intencionada”, informaciones o comunicados que no sea “verídicos” sobre “cualquier operación terrorista” y que “contradigan de alguna forma las informaciones oficiales”.
El portavoz gubernamental defendió esta norma para “proteger al país contra informaciones falsas que publica la prensa” sobre las Fuerzas Armadas y la Policía.
Como ejemplo, el funcionario recordó la cobertura informativa de los atentados del pasado 1 de julio en la península del Sinaí, sobre los que la prensa dio diferentes datos, incluidas “cifras desorbitadas de muertos”, lo que fue interpretado como contrario a los intereses de seguridad del país.
El sindicato de periodistas reaccionó ayer a esa modificación, según recoge la prensa egipcia, que informa de que fue considerada insuficiente y “otra manera de encarcelar” a los profesionales de la información.
Qauish respondió a esa crítica preguntándose cómo pretende que se castigue a los periodistas “que publican informaciones falsas” y pidió al sindicato que presente sus propuestas.
Según la agencia estatal de noticias, Mena, esa multa será aplicada a todo aquel que publique “noticias falsas en relación con las fuerzas armadas y los servicios de policía y seguridad”.
Esta modificación llegó tras una propuesta presentada por el presidente del sindicato de periodistas, Yahia Qalash, al primer ministro, Ibrahim Mehleb.
En un comunicado conjunto, partido políticos, organizaciones de derechos humanos y figuras públicas instaron hoy al Gobierno egipcio a retrasar la publicación de la ley antiterrorista propuesta, “hasta que tenga lugar un diálogo social amplio sobre su viabilidad”.
Asimismo, exigieron su aprobación una vez elegido el Parlamento en Egipto, que es quien “puede emitir la ley después de discutir sus artículos para garantizar que no se contradicen con la Constitución de 2014”, aprobada por un 98,1% de los participantes en el referéndum.
Además, advirtieron de que “el peligro de ataques terroristas” no puede ser confrontado con leyes de seguridad, sino “ideológicamente y con un sistema legal que proteja las libertades públicas, establezca la justicia y evite que más personas se unan a organizaciones extremistas”.
El texto debe obtener la aprobación del Consejo de Estado y, finalmente, del presidente de la República, Abdelfatah al Sisi, que ejerce en estos momentos el poder legislativo debido a la ausencia de un Parlamento.
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