La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que supone el golpe definitivo, y mortal, contra la práctica del BDS en ayuntamientos y otras instituciones españolas.
La sentencia, que confirma lo que hasta ahora habían dictado otras instancias judiciales hasta en 85 ocasiones, se refiere en concreto a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ya declaró nulo un acuerdo de boicot a Israel del Ayuntamiento de Reinosa.
Uno de los datos más importantes de la resolución es que esta sentencia crea jurisprudencia, por lo que a partir de ahora cualquier acuerdo en la línea de los boicots antisemitas del BDS serán ilegales de partida.
Los jueces del Supremo han ratificado su competencia en el asunto, señalado que los acuerdos del tipo de los que instauraban el boicot antiisraelí son en “susceptibles de control por la jurisdicción contencioso administrativa, atendiendo a su naturaleza, contenido y efectos”.
Además, han expuesto con toda claridad que cerrar espacios y contratos en administraciones públicas a instituciones y personas por su origen, “implica discriminación de terceros” y esto es una “lesión de derechos fundamentales” que, por supuesto, no puede ser consentida por la ley.
Decisión “pionera”
Según ACOM, la organización que ha llevado a los tribunales estos acuerdos municipales cosechando un rosario de victorias judiciales, se trata de una decisión “pionera a nivel mundial”.
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Además, ACOM recuerda que los promotores de estos boicots han recibido muchísimos millones de euros en subvenciones que les han permitido promover su discurso del odio”, una financiación a organizaciones antisemitas que es “incompatible con el estado de derecho”.
Lo que el Supremo declara ilegal
La sentencia del Tribunal Supremo crea jurisprudencia respecto a asuntos similares, pero se refiere a un acuerdo concreto: el tomado por el Ayuntamiento de Reinosa en julio de 2016 que incluía, entre otros aspectos, “declarar el concejo de Reinosa Espacio Libre de Apartheid israelí”; que se adoptasen “las medidas legales oportunas para que los procesos de contratación y compra” que se desarrollasen en el propio ayuntamiento incluyesen “previsiones que impidan contratar servicios o comprar productos a empresas cómplices de violaciones del Derecho Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que por supuesto eran todas las israelíes; y, asimismo, “no suscribir ningún convenio o acuerdo con instituciones públicas, empresas y organizaciones que participen, colaboren u obtengan beneficio económico de la violación del Derecho Internacional y de la Declaración de los Derechos Humanos”, de nuevo refiriéndose sólo a las del país hebreo, ya que la moción no hacía referencia alguna a empresas o instituciones de otros países.
El movimiento BDS –Boicot, Desinversiones y Sanciones– es una gran campaña internacional creada en el entorno de organizaciones terroristas palestinas que pretendía aislar y dañar internacionalmente a Israel haciendo que instituciones públicas y privadas hagan negocios o se relacionen con empresas e instituciones israelíes.
Este boicot antisemita es tan descabellado que incluye, por ejemplo, la prohibición de las relaciones entre universidades y centros académicos o el boicot a artistas israelíes o que actúen en Israel.
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